EL CONTEXTO

Las privatizaciones en España 1985-2020. ¿Una quinta desamortización? (I)  

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Por Félix García de Pablos 

Doctor en Derecho; Funcionario del Ministerio de Hacienda; Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la UNED

En el primer tercio del siglo XIX, la Renta de Aduanas se desplomó con la pérdida de las colonias americanas, con el consiguiente aumento de la deuda flotante y consolidada, por lo que se buscó una solución: sería la venta de la propiedad de manos muertas y la venta de concesiones administrativas. La Iglesia concentraba gran cantidad de propiedades y con su venta se procedió a amortizar la deuda, en lugar de proceder a la realizar una reforma agraria tan necesaria.

La primera desamortización tuvo lugar durante los últimos años del reinado de Carlos IV; entre 1798 y 1808, dado que durante este período se sucedieron guerras con Francia e Inglaterra que aumentaron los gastos públicos, por lo que se procedió a vender las Casas de Misericordia, y de Expósitos, Cofradías y Obras Pías, por un importe de 1.653 millones de reales, pero sólo 340 millones se dedicaron a la amortización de la deuda. Una desamortización realizada además a costa de los pobres en este caso.

La segunda desamortización se produjo durante el Trienio Constitucional (1820-1823) y afectó a los bienes del clero regular, al mismo tiempo que por Decreto de 29 de junio de 1821 se redujo el diezmo eclesiástico a la mitad, aunque dicha desamortización apenas pudo ser realizada por el fin de dicho Trienio Liberal.

Sin embargo, la financiación de la guerra carlista y la necesidad de buscar apoyo a favor de Isabel II, determinaron que en 1837 comenzara la tercera desamortización, la correspondiente al clero secular (la disolución de las Órdenes religiosas), dado que la Ley de 29 de julio de 1837 declaró bienes nacionales sujetos a enajenación por sextas partes en los siguientes 6 años a partir de 1840, procediéndose a la venta de las ¾ partes hasta el año 1845 en que se impuso la década moderada. No obstante, esta desamortización también termino en fracaso respecto de la resolución del problema (la liquidación de la deuda pública), ya que se aceptaron como precio de pago de la compra de los inmuebles, los títulos de deuda consolidada por su valor nominal, aunque estaban muy devaluados, con la finalidad de sanear la Hacienda y consolidar el Trono de Isabel II. De manera que los ingresos se mermaron, al mismo tiempo que los especuladores pujaron en las subastas y desplazaron a los campesinos, impidiendo la creación de una familia de propietarios agrícolas.

Por tanto, ese sistema de pagos de los bienes desamortizados benefició a una minoría y cuyos miembros se convirtieron en terratenientes absentistas en perjuicio de los campesinos. Al propio tiempo que, aunque las tasaciones fueron correctas, la admisión de pago de los títulos de la deuda pública perjudicó notablemente al saneamiento de las finanzas públicas, dado que la deuda se mantuvo en casi los mismo niveles. El Estado por el contrario podía haberse quedado con la propiedad de los bienes desamortizados, y dejar el dominio útil de la tierra a quienes directamente la cultivasen, pero esa desamortización solamente benefició a las clases privilegiadas dando alas al carlismo en el norte de España y a las futuras posiciones anarquistas en el sur peninsular.

La segunda parte de esta desamortización fue la disolución del régimen señorial, con el agravante que en muchos casos no se distinguía entre el señorío jurisdiccional y territorial, por lo que en la práctica se benefició a la nobleza contra los pueblos, ya que éstos no podían en muchos casos probar sus títulos y bastando a los señores con probar la posesión, y así adquirir una propiedad que no les pertenecía, con lo que se asentó el sistema social y económico del siglo XIX. Se unieron la nobleza del Antiguo Régimen y la burguesía en perjuicio de los campesinos, estableciéndose el latifundismo, una revolución social echa el revés, por lo que la aristocracia se alió con el poder y se impidió la oportuna reforma agraria. Unos capitales que se dirigieron la compra de tierras en perjuicio de la inversión en actividades industriales y comerciales.

Finalmente, se culminó esta tercera desamortización con la desamortización de la propiedad municipal, los bienes propios y comunales, a través de la Ley de 1 de mayo de 1855, en perjuicio de los pueblos y campesinos que vieron enajenada su única riqueza y de la cual vivían. Una desamortización que produjo el efecto del trasvase de capitales de la economía urbana a la rural, en perjuicio de la industria, y al servicio del pago de la deuda. Una revolución de los liberales que determinó la oposición del pueblo a semejantes atropellos.

La cuarta desamortización en el siglo XIX tuvo por objeto el subsuelo. La revolución de 1868 encontró de nuevo las arcas del Estado vacías, con un déficit de 2.490,6 millones de reales, y habiéndose consumidos los frutos de la anterior desamortización del suelo, ahora tenía que venir el subsuelo. La Ley de Minas de 4 de junio de 1825 determinaba que los yacimientos pertenecían a la Corona, mientras que las Leyes mineras de 21 de abril de 1849 y 11 de julio de 1859 sustituyeron la propiedad del Monarca por la consideración del subsuelo como un bien de dominio público.

No obstante, la necesidad de nuevo de dinero determinó que la Ley de 25 de junio de 1870 procediera a la vente en subasta de las minas de Ríotinto. Se impuso así la idea de concesiones a perpetuidad salvo en el caso de denuncia, con los mismo defectos que en las anteriores desamortizaciones, por los apuros de la Hacienda. Se concedieron así multitud de concesiones con la nueva seguridad y permanencia, pero que quedaron en manos extranjeras, afectando a la producción de plomo, cobre, mercurio y hierro. El plomo en el sureste peninsular, pese a su extraordinaria importancia, no consiguió el desarrollo de la zona, por la colonización extranjera de su extracción y que afectaba además a la minería de hiero y zinc en Almería y Murcia, al igual que en las minas de Ríotinto. A diferencia de la explotación minera de hierro de Vizcaya, que gracias al ferrocarril desde Somorrostro hasta el mar, obra de la Diputación de Vizcaya, proporcionó importantes ingresos a la Hacienda foral y permitió la exportación del mineral. La explotación de esas reservas se benefició de la calidad del hierro y su exportación a Inglaterra, a cambio de la importación de carbón, con el rendimiento además de los envíos de mineral, los fletes y la siderurgia. Esa demanda exterior del mineral de hierro provocó la formación de importante de capitales en las Provincias vascongadas, dando lugar a una burguesía vasca que invirtió sus capitales en la siderurgia y en las empresas navieras, aunque fuera el socio nacional minoritario en la explotación del indicado mineral de hierro. Situación contraria al sur peninsular, donde la explotación del mineral corrió a cargo de entidades extranjeras a las que se les había vendido las concesiones a cambio de un precio con el que pagar la deuda pública, lo que determinó la falta de una burguesía industrial en estas regiones a pesar de los intentos en Málaga y Sevilla.

La quinta desamortización comenzaría en 1985, de nuevo justificada por las necesidades de la Hacienda Pública Española, el elevado déficit público. Una desamortización que tendría por objeto la venta de las empresas publicas y que culminaría con la venta total de las empresas más importantes entre los años 1996  a 1999. Una desamortización que afectó a sociedades como ENDESA, TELEFÓNICA, ARGENTARIA, TABACALERA y REPSOL, que se camuflo bajo a apariencia de un capitalismo popular y las Ofertas Públicas de Vents (OPV), cuyo resultado ha sido el desmembramiento del patrimonio público y la desaparición del tejido empresarial en España. Un patrimonio que ahora hubiera producido unos ingresos con los que financiar el déficit público, cuando además la deuda publica española ha subido 1,289 billones de euros en junio de 2020, el 110 del Pib español, la mayor cifra desde el año 1905.