TRIBUNA

Lavarse las manos. Por Rafael Rossy

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Conocido como el padre de la antisepsia, el médico vienés Ignaz Semmelweis descubrió que el simple lavado de las manos con una solución de hipoclorito cálcico reducía significativamente la incidencia de la sepsis puerperal –la llamada ‘fiebre del parto’– que, a mediados del siglo XIX, podía provocar la muerte de hasta casi un tercio de las parturientas dependiendo del lugar. Los médicos desconocían la conveniencia del lavado de sus manos y pasaban a la sala de operaciones tras realizar la autopsia de un fallecido por una enfermedad infecciosa, sin siquiera mojar las manos con agua y jabón. Las advertencias de Semmelweis no fueron bien recibidas en una comunidad médica aferrada a la convicción de que los contagios se producían solamente por el aire malsano. El rechazo de los colegas de profesión terminó por perturbar la mente de Ignaz Semmelweis, que falleció dos semanas después de su ingreso en una institución para enfermos mentales; se creé que como consecuencia de la paliza recibida por los guardias que evitaron la fuga del doctor. El reconocimiento de su descubrimiento tuvo que esperar tres lustros, hasta la llegada de la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur. Un siglo y medio más tarde, durante la actual pandemia, el lavado regular de las manos con soluciones hidroalcohólicas se ha convertido en una de las prácticas de prevención básica para evitar contraer esta enfermedad que tantos estragos está causando.

Otro tipo de lavado de manos ha ocupado los titulares de la prensa en los últimos días de agosto. El Gobierno, desaparecido durante unas vacaciones que han sido capaces de resistir a cualquier rebrote, ha regresado para anunciar que delega en las comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión sanitaria de la pandemia, pudiendo hacer ellas uso de la facultad de declarar estados de alarma regionales (o lo que es lo mismo, que el Gobierno no se opondrá a la solicitud de estado de alarma que pida cualquier presidente de una comunidad autónoma de acuerdo con el artículo quinto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio).

Como pretendido símbolo de purificación, el lavatorio de manos de Poncio Pilato ha quedado para la posteridad como sinónimo de desentendimiento ante una injusticia y de elusión de una responsabilidad. La relación entre el poder y la responsabilidad diferencia un régimen totalitario de uno democrático; los dictadores ejercen un dominio sobre los ciudadanos sin obligaciones ante ellos, sin rendir cuentas de sus actos. El ejercicio del poder en un Estado democrático presupone, en cambio, la asunción de un compromiso. Un compromiso fundamental que asume el Gobierno español ante los ciudadanos es la protección de la salud pública con la gestión de su competencias sobre las bases y coordinación general de la sanidad.

En la primera ola de la pandemia el Gobierno de Sánchez optó por la solución contraria a la de ahora: declaró el estado de alarma y asumió competencias sanitarias plenas. Nadie otorga hoy una nota favorable a la gestión que el Ejecutivo hizo de la crisis del coronavirus y hasta sus partidarios más recalcitrantes tienen dificultades para defender un aprobado raspado, aún excusándose en el desastre global de esta pandemia. Lo cierto es que los datos objetivos continúan señalando hoy que no hay país en el mundo que haya obtenido peores resultados a los de España, ni en muertes, ni en infecciones del personal sanitario, ni tampoco en las consecuencias económicas de la gestión de la pandemia. 

Nuestro país sufrió durante el primer semestre del año una cadena interminable de despropósitos del Gobierno socialcomunista de Sánchez que ha causando un daño inmenso a la población y a la economía. La decisión de implicar a las Comunidades Autónomas en esta segunda oleada de la pandemia –que los actuales ‘rebrotes’ están anunciando preocupantemente– parece tener como objetivo principal la dilución de las responsabilidades por esa negligente gestión realizada en los primeros compases del covid-19. De este modo, en unos meses, al largo y trágico historial de errores del Gobierno, podrán sumarse otros de los gobiernos autonómicos en los que quedará disuelta la incuria socialcomunista.

Por aquello de que la más pobre de las tintas vale más que la mejor memoria, hemos recogido en el libro “Toda la verdad sobre el coronavirus” un examen muy pormenorizado de los sucedido durante esa primera oleada hasta la finalización del estado de alarma. El objetivo de este exigente trabajo de documentación  y narrativo tenía como finalidad dejar registrado para la historia, en un formato con más vocación de perdurar que un comentario radiofónico, el reportaje televisivo o un artículo en una web, el detalle de lo ocurrido en el capítulo más triste de nuestra vida colectiva. Las consecuencias de esa gestión del Ejecutivo de Sánchez estaban siendo siendo tan graves para los españoles que nos pareció conveniente realizar un esfuerzo muy honesto y efectivo de objetivación analítica, contrastando todas las informaciones con completa independencia mental y documentando fehacientemente cada una de las aseveraciones. A pesar de esta imparcialidad, las conclusiones no dejan de resultar extremadamente contundentes y es nuestra responsabilidad de que no sean olvidadas:

1. Existen suficientes pruebas que demuestran que el Gobierno socialcomunista conocía los riesgos derivados de la alta contagiosidad y letalidad del Covid-19 y, sin embargo, decidió ocultarlos a los españoles hasta una vez pasado el 8 de marzo, retrasando en varias semanas las medidas de contención razonables. Esta dilación causó varias decenas de miles de muertes que se habrían evitado.

2. Existen suficientes pruebas que demuestran que el Gobierno socialcomunista ha mentido y continúa mintiendo en la cifra de fallecidos en España por coronavirus, escondiendo a más de 17.000 fallecidos. De este modo, Pedro Sánchez ha ocultado a buena parte de la población que España ha sido el país con mayor número de muertos por millón de habitantes en el mundo.

3. Existen suficientes pruebas que demuestran que el Gobierno socialcomunista no tomó las medidas razonables de protección de las residencias, donde fallecieron cerca de 20.000 ancianos. Pablo Iglesias era –y continúa siendo– el máximo responsable de esos centros (con anterioridad incluso al 19 de marzo cuando quiso presentarse ante la opinión pública como responsable y salvador de las residencias de ancianos con promesas que después incumpliría). Para eludir esa responsabilidad, Pablo Iglesias debería dimitir como ministro y vicepresidente y razones para hacerlo no le faltan.

4. Existen suficientes pruebas que demuestran que la regulación normativa del estado de alarma llevada a cabo por el Gobierno socialcomunista fue operativamente ineficiente y jurídicamente muy deficiente, lo que podría provocar una cantidad enorme de reclamaciones. Ha quedado demostrado que el Gobierno socialcomunista aplicó unas medidas que llegaron tarde pero fueron desmesuradas y las hizo durar mucho más de lo razonable causando un gravísimo perjuicio económico.

5. Existen suficientes pruebas que demuestran que las operaciones de aprovisionamiento de material sanitario del Gobierno socialcomunista evidencian que, además de una preocupante incompetencia, hay motivos de sospecha de la existencia de fraude. El personal sanitario español fue víctima de la ineptitud del Gobierno en la compra de material. La intervención del Gobierno socialcomunista en los mercados de productos y servicios sanitarios sirvió únicamente para dificultar el acceso de los ciudadanos a estos medios.

6. De acuerdo con los informes de las entidades internacionales más acreditadas, la gestión económica del Gobierno socialcomunista en el primer semestre del año traerá a España los peores resultados del mundo en términos de PIB. Existen suficientes pruebas que demuestran que en la política económica desarrollada por el Ejecutivo socialcomunista primó el interés partidista sobre el de los españoles pudiendo tener incluso como objetivo premeditado la ruina de la población. Lo cierto, en cualquier caso, es que España se enfrenta a la mayor crisis económica de nuestras vidas.

No puede negarse que estas conclusiones ya han tenido un reflejo resumido en otros medios. Lo que realmente nos motivó a la publicación de este libro, además del deseo de aportar todas las pruebas que las documentan, fue que la verdad de lo sucedido en este primer semestre de ese año negro no quede borrado por el olvido o distorsionado por la manipulación política y de los medios oficiales. 

Ojalá quienes analicen este triste capítulo de la historia de nuestro país en el futuro tengan serias dificultades para comprender cómo fue posible el abandono de tantos ancianos a una muerte cruel, en la más completa soledad, sin que ni siquiera algún ser querido les pudiera dar una muestra de cariño y negándoles la asistencia religiosa a la que tenían derecho, porque significaría que habríamos conseguido recuperar algo de la humanidad perdida. Sin llegar caer en la frialdad de los que se referían a los muertos como ‘curvas’ y ‘picos’, corremos todos el riesgo de hablar de decenas de miles de muertes sin reparar en el drama personal que significa en realidad cada una de ellas; el riesgo de olvidarnos del dolor de tantas parejas separadas del modo más cruel y para siempre, de la tristeza que ha producido en las familias rotas, de la desgarradora duda que muchos hijos tendrán sobre a quién pertenecen las cenizas enterradas durante esos dramáticos días de caos o la injusticia de que tantos nietos deban crecer sin la compañía de sus abuelos.

Un equipo de investigación de la Universidad de Glasgow presentó hace unos meses un estudio en el que estimaba cuánto tiempo habrían vivido de media las personas muertas en esta pandemia, a partir de los datos demográficos y del estudio de un muestra representativa de muertos por coronavirus. El estudio afirmaba que la media de años de vida perdidos por los fallecidos por el Covid-19 era de 13 años en el caso de los hombres y 11 en el de las mujeres. Aunque el estudio no se haya realizado con los datos del caso concreto español es altamente improbable que el resultado en nuestro caso diera una esperanza de vida de los fallecidos inferior a una década. Hablamos, consecuentemente, más de 500.000 años sustraídos, de más de 182 millones de días en los que esos niños habrían podido ver a unos abuelos que no existirán, de una infinidad de momentos inolvidables que han desaparecido para siempre con estas muertes.

El Gobierno de Sánchez puso un especial empeño en impedir que pudieran ser tomadas fotografías de las morgues abarrotadas de ataúdes. Y durante mucho tiempo trató de evitar el luto a pesar de haber vivido la peor tragedia humana desde la Guerra Civil. Todas esas muertes que se podrían haber evitado y sus familiares están reclamando nuestra memoria y no podemos desentendernos de tanta injusticia. 

Lavarnos las manos ahora solo agravaría el mal.

 

Por Rafael Rossy, autor de “Toda la verdad sobre el coronavirus”.