ANTE LA PÉSIMA GESTIÓN DEL GOBIERNO

Los efectos del Covid-19 en el campo español: falta de mano de obra y caos ministerial

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Junto con la industria, el sector agrícola y ganadero fue el sector económico y productivo sacrificado por la incorporación de España a la U.E. Desde 1986, el campo español se ha visto obligado a redimensionar su tamaño, cerrar explotaciones agrícolas y ganaderas, adaptarse a unas cuotas de producción impropias de nuestras capacidades tradicionales y a la búsqueda desesperada de la subvención comunitaria. De ser  uno de los grandes sectores económicos españoles ha pasado a ser un sector en cierta medida clientelar y subvencionado. La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner de manifiesto que un país no puede prescindir de según qué sectores productivos, y el campo español está dando un verdadero ejemplo de profesionalidad, entrega y generosidad en estos momentos. Pero en este momento se enfrenta a un problema de subsistencia por falta de mano de ora. 

Los subsidios agrarios (las peonadas) y el boom del sector turístico y de la construcción sustituyeron en gran medida la mano de obra nacional por la inmigración, legal e ilegal, de temporada y estable, en el campo español. Las cifras oficiales señalan que el campo español necesita en este momento cien mil trabajadores para hacer frente a la recolección de sectores como el del espárrago, la fruta y determinadas verduras. El Covid-19 ha supuesto el cierre de fronteras de la Unión Europea, de manera que los temporeros marroquíes, argelinos o subsaharianos no podrán acudir este año a la recolección. El campo español corre el riesgo de quedar bloqueado y los agricultores ya están alertando de que, en caso de no conseguir mano de obra, no se podrá recolectar la cosecha. A nadie se le oculta el riesgo de desabastecimiento de los mercados españoles. Es decir, que o el gobierno toma cartas en el asunto y hace frente a ese déficit sin precedentes de mano de obra del campo español -100.000 trabajadores- o no tendremos qué comprar en los supermercados.

Por otro lado, sin embargo, la pésima gestión gubernamental del Covid-19 ha causado ya más de 800.000 desempleados, inicialmente del sector turístico y de la construcción, pero que ya está afectando a todas las actividades económicas.

La pregunta es sencilla: ¿cómo es posible que un gobierno no sea capaz de ofrecer mecanismos para que se realice un trasvase del paro nacional a las necesidades del capo español? ¿Por qué no es posible acompasar la oferta y la demanda en este punto? ¿Por qué seguir acudiendo a temporeros no nacionales? El Defensor del Pueblo acaba de pedir al Ministro de Agricultura que busque fórmulas para agilizar los permisos a inmigrantes, incluso se ha planteado la regularización tanto de los que residen en España sin permiso de trabajo como de los irregulares. ¿De verdad que, cuando se acaban de destruir 800.000 empleos, es necesario entregar la mano de obra del campo español a la inmigración? 

El tiempo corre y la temporada de recogida comenzará en un mes. Nada ha hecho el Gobierno hasta la fecha. El Gobierno de Portugal ya ha iniciado un proceso de regularización masiva para que los irregulares puedan trabajar en el campo portugués. En Francia y en Alemania ya se han encendido las alarmas y están planeando fórmulas para regular los envíos controlados de temporeros, pero ni Francia ni Alemania padecen el paro estructural de España ni el coronavirus está generando los mismos índices de desempleo, ni la economía y el empleo de esos países descansan sobre sectores tan vulnerables a la pandemia como el turístico, caso español.

Mientras el Ministerio de Agricultura trata de buscar fórmulas para cubrir la demanda de esos más de 100.000 empleos, el Ministerio de Trabajo, en manos de PODEMOS, agrava la falta de mano de obra del campo español al flexibilizar las condiciones para que los parados agrarios puedan cobrar subsidios y sean contratados por los ayuntamientos.

Hace una semana el Ministerio Trabajo aprobó destinar 236 millones de euros para la contratación municipal de trabajadores del campo en paro; una decisión que según ASAJA dificultará aún más que el sector pueda hacer frente a la gravísima escasez de mano de obra. La novedad de este programa es que se reduce el número de peonadas exigibles, pues pasan de ser 35 a 20 los jornales (días) necesarios para que un parado inscrito en el Régimen Agrario pueda recibir 6 meses de subsidio, lo cual supone que con cargo a esa cuantía unos 200.00 trabajadores serán contratados por los ayuntamientos para la realización de eventuales actuaciones municipales, y no por los empresarios agrícolas en tareas de recolección. La justificación que se hizo desde el Ministerio de Trabajo en manos de PODEMOS  fue la escasez de oferta laboral en el campo. La situación, sin embargo, es exactamente la contraria, pero la ministra de PODEMOS insiste, por razones ideológicas, en mantener dicho sistema.

Mientras el caos y la descoordinación dominan las relaciones entre los Ministerios de Agricultura y de Trabajo, el Defensor del Pueblo insiste en agilizar y flexibilizar la concesión de permisos de trabajo a inmigrantes. Más de lo mismo.

¿No ha llegado la hora de replantearse el obsoleto, clientelar y antieconómico sistema de las peonadas y los PER? De mantenerlo, y en estas condiciones, no solo se cierra de facto el campo a los parados españoles sino que, además, se pone en grave riesgo la recolección y en consecuencia el abastecimientos de los supemercados. 

El Covid-19, aliado con las medidas gubernamentales, puede tener efectos devastadores para el campo español. No hay que insistir en qué se traduciría ese desabastecimiento de nuestros mercados. 

¿Seguro que los parados españoles del Covid-19 no quieren trabajar en el campo?