EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Los peritos del Banco de España afirman que el Popular era ‘solvente y viable’ en 2016

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Los peritos cedidos por el Banco de España para el análisis de las cuentas del Banco Popular, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, han insistido en la Audiencia Nacional en que la entidad era “solvente, viable y estable” a cierre de 2016, meses antes de su resolución.

Según publica El Independiente, los expertos han ratificado de este modo las conclusiones del informe que remitieron al juez José Luis Calama el pasado abril, en el que defendían que el Popular no era inviable en la ampliación pues a diciembre de 2016 «su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones».

Partiendo de esa base, Ruiz-Clavijo y Hernández también se han referido a la ampliación de capital de 2.505 millones que Popular llevó a cabo en 2016, defendiendo que sus objetivos no pudieron alcanzarse por la paralización de un plan de negocio que preveía, entre otros, desinversiones y ventas de activos, ya con Emilio Saracho en la presidencia.

No obstante, los peritos también se han reafirmado en las dudas expresadas en su trabajo sobre el tratamiento contable que se aplicaba en la entidad antes de la llegada de Saracho al banco.

En este sentido, los peritos han afirmado que el banco, en su clasificación de créditos dudosos, no seguía los estándares exigidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que fueron transmitidos por el Banco de España a todo el sector, que, a diferencia del Popular, sí comenzó a aplicarlos.

Además han asegurado albergar sospechas en materia de provisiones, cuyo nivel, han aseverado, se encontraba por debajo del resto de competidores como sabía el mercado. No obstante, han admitido que identificar cualquier posible irregularidad en este apartado es algo «más complejo» de determinar.

También se han pronunciado acerca del sistema de tasación de activos inmobiliarios que siguió la entidad con el equipo directivo de Ángel Ron al frente, y que, según el peritaje, dio lugar a casos de «sobrevaloración» por «la debilidad del control interno».

En concreto, ponen en el punto de mira las tasaciones seguidas por el Popular hasta finales de 2016, pues aunque la metodología cumplía con la normativa internacional, contravenía la «propia política contable establecida por el Consejo», que rechazaba el uso de compañías que no figurasen en el registro.

Al respecto, ambos se han reafirmado a preguntas del juez en que se produjeron sobrevaloraciones «de manera sistemática», y han recordado que el Banco de España ya detectó en sus inspecciones una serie de activos que arrastraban tales problemas.

Sobre el folleto informativo de la ampliación de capital de 2016, los peritos entienden que fue «optimista» por la propia «relajación» de la política contable de la entidad.

Para ellos, la previsión que el Popular hizo respecto a su cartera de dudosos era inferior a lo registrado un año antes, algo que, en su opinión, no tiene sentido, según fuentes presentes en el interrogatorio.