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EL GOBIERNO QUIERE ACABAR CON EL MIR NACIONAL

Médicos alertan del peligro del ‘MIR catalán’: ‘Es un ataque directo a la igualdad de oportunidades’

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La inquietud se ha disparado entre médicos y estudiantes de Medicina por los efectos de una eventual cesión a Cataluña del MIR, la prueba de evaluación para acceder a la formación de médicos especialistas.

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos abría la puerta a que el Ejecutivo pudiera traspasar a la Generalitat competencias como la formación sanitaria especializada, una decisión que rompería la homogeneidad del MIR -el examen es igual en toda España-.

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Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) recuerdan que el actual sistema de médicos internos residentes “lleva muchísimos años funcionando de manera eficiente, y que una de las ventajas que tiene es que permite la movilidad de todos los profesionales a cualquier lugar de la geografía española”, con la única limitación del número de plazas que se ofertan.

Asimismo, asegura que este sistema, basado en una convocatoria única nacional con libre elección de plaza en todos los centros ofertados, les parece “justo, eficaz e igualitario”. “Se basa en el intercambio de médicos entre unas comunidades y otras, sólo limitado por el número de plaza obtenido en el examen”, añade, al tiempo que recuerda que “todo lo que suponga una limitación a la libre circulación de profesionales, merma de opciones y pérdida del carácter global de dicho sistema (…) es un ataque directo a lo mejor que éste posee: igualdad de oportunidades, posibilidad de formación en cualquier hospital de España y coordinación entre las diferentes autonomías. Introduce discriminación y abre la puerta a arbitrariedades”.

VOX se ha manifestado que luchará para que el MIR, “la formación postgrado más moderna, justa, y transparente que tiene España”, permanezca en manos del Estado. “No consentiremos que la siniestra nos lleve al siglo XIX”, dijo el diputado y doctor en Medicina Juan Luis Steegmann Olmedillas el pasado 1 de enero.

El PP ya alertó de que la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución”, compete “únicamente al Estado”.

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