¿Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES?

Podemos se ahorraba 30.000 euros al año por escolta al contratarles como chóferes

|

La polémica de la escolta de la número 2 de Unidas Podemos, Irene Montero, no sólo ha destapado el trato «discriminatorio» de la líder de la formación morada a la trabajadora convertida en recadera, sino la situación «claramente ilegal» en la que Podemos la contrató tanto a ella como a varios de sus compañeros.

Según recoge Okdiario, el partido diseñó un «modelo mixto» para dar de alta a los escoltas como chóferes -adscritos al Área Logística y de Transporte- y ahorrarse 30.000 euros anuales por cada uno de ellos.

Así se desprende de un informe interno confeccionado en 2016 por el entonces jefe de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes, donde se detallaba vía mail, a la cúpula del partido, el modelo de financiación del departamento y las diferentes áreas que lo integran.

El documento refleja cómo los trabajadores contratados en Logística Transporte, eran «los chóferes» que hacían «las funciones de conducción” pero dejando la puerta abierta a que pudiesen «formarse como escoltas«. En ese caso, el partido les pagaría los cursos necesarios para obtener la titulación oficial -de la que carecían cuando fueron contratados- de manera que pudiesen quedar habilitados y realizar, por el mismo sueldo, una doble función.

«Si invertimos en formar a nuestro personal de Logística Transporte», en materia de seguridad privada, «ahorraremos a los presupuestos del partido, aproximadamente unos 30.000 euros anuales por trabajador», señalaba Illanes.

La denuncia de la Asociación de Escoltas

La Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) ha denunciado ante la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía la contratación de la escolta de Irene Montero por irregular.

Asegura que la contratación directa de este servicio «incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada», que prohíbe expresamente que personas que no tengan la habilitación profesional adecuada realicen tarea de escolta. En este sentido, afirma que se estaría ante una infracción «muy grave» que se castiga con multas de hasta 600.000 euros.