¿Que hay detrás de la impugnación del nombramiento de Dolores Delgado?

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Dolores Delgado fue formalmente nombrada como Fiscal General del Estado el 25 de febrero de 2020 y tomó posesión al día siguiente. Sin embargo, fue el 14 de Enero cuando el Gobierno, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, propuso dicho nombramiento. El día 15 del mismo mes,  la práctica totalidad de Carrerra Fiscal se opuso a dicha designación, no solo por lo insólito de que un ministro de justicia, altamente politizado, diputado del grupo socialista, fuera a ocupar la más alta magistratura fiscal, sino también por el polémico perfil de la ministra, su proximidad con Baltasar Garzón y, sobre todo, el nada decoroso escándalo de sus grabaciones con el ex comisario Villarejo, aquellas en las que utilizaba la expresión de “éxito garantizado” cuando el siniestro comisario, amigo de Garzón, le relataba en una bochornosa comida sus inmorales métodos para obtener lo que con pésimo gusto definió como “información vaginal”. En aquella conversación comentaba, además, como compañeros de la carrera fiscal y judicial habrían incurrido en practicas de pederastia tropical, e insultaba con el término de “maricón” al Ministro Marlasca. Es evidente que Dolores Delgado nunca debió ser nombrada Ministra de Justicia, y que su designación posterior como Fiscal General del Estado fue inasumible para un estado democrático. Por esa razón, siete miembros del Consejo General del Poder Judicial emitieron un voto particular contrario al nombramiento en razón de la falta de idoneidad de la candidata.

El 28 de julio VOX recurrió ante el Tribunal Supremo el nombramiento de Dolores Delgado, y  el 10 de agosto saltó la noticia de que el PP hacía lo propio en un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal. En ambos escritos se cuestiona la idoneidad de Dolores Delgado para asumir el cargo, y se pone en duda su imparcialidad y su capacidad para dirigir la la Fiscalía General del Estado. 

El escrito presentado por el PP destaca la “inequívoca vinculación” de Delgado con el Gobierno y con el PSOE, tanto como ministra como en su condición de diputada. “Tan solo dos días después de ser cesada como Ministra de Justicia, en el mismo día en que entregaba simbólicamente a su sucesor la cartera del referido Ministerio en acto público y notorio, Doña Dolores Delgado fue propuesta para su nombramiento …por Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de enero de 2020”.  “¿Puede acaso imaginarse un mayor desprecio por nuestra Carta Magna y la imparcialidad del Ministerio Fiscal que la misma consagra en su artículo 124.2 CE? Difícilmente”, señala el recurso. Delgado además habría mostrado una “pública y notoria aversión”  hacia el PP ” y una “notable escasez de mesura, prudencia y respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos”.

Los populares señalan que la Fiscal General del Estado no cumple dos de los elementos reglados para la designación: la imparcialidad y el “reconocido prestigio” como jurista que se exige para el cargo. “Es jurista, en efecto, con más de 15 años de servicios efectivos en la carrera fiscal, pero su prestigio como jurista es ignoto”.

“El fin es situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación”, por lo que reclama que se declare la nulidad de pleno derecho del Real Decreto que se designó a Delgado.

Ahora bien, desde su nombramiento han pasado seis meses. Desde entonces Dolores Delgado ha hecho unos 50 nombramientos a su albur y ha dictado instrucciones sin que nada ni nadie cuestionara ni éstas ni aquéllos. Sin embargo, no ha sido hasta hace tres días que el PP ha recurrido, con marcada extemporaneidad política, dicho nombramiento ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La noticia ha tenido una cierta repercusión política en los medios de comunicación pero ninguno de ellos, ni en sede editorial, ni en artículos de opinión, ni en tertulias televisivas, ni en programas de radio, nadie se ha detenido a preguntarse la razón de por qué se ha presentado el recurso en este momento, en pleno mes de agosto, con vacaciones parlamentarias,  y no antes, cuando hubiera sido lógico no solo desde el punto de vista de la oportunidad política sino también desde la más elemental lógica parlamentaria.

Llama la atención que dicho recurso se haya presentado justo en el mismo monte en que, con enorme secreto, sin luz ni taquígrafos, en un compadreo veraniego completamente ajeno a la mas elementales reglas de transparencia de una sociedad democrática, PP y el Gobierno están negociando la renovación de los cargos del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

Lancemos una hipótesis de trabajo: ¿acaso el recurso de VOX puso en evidencia, por un lado, la parálisis política del PP y, por otro lado, la viabilidad del recurso? ¿Se sumó entonces el Partido Popular a una iniciativa que podía dar a VOX un evidente triunfo político y jurídico, de enorme trascendencia? Ahora bien ¿por qué simultaneo el PP ese recurso con la negociación en torno a la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional? ¿Forma parte la pieza de Dolors Delgado de dicha negociación?

Si así fuera, caben distintas consideraciones:

Si el Gobierno, sondeada la sección cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ha tenido indicios de la viabilidad del recurso de VOX, ¿no cabe pensar que haya sido el mismo Gobierno quien le haya puesto al PP sobre la mesa de la negociación el señuelo de la cabeza de Dolores Delgado? El PP le arrebataría el éxito político y jurídico a VOX y el Gobierno le estaría entregando, realmente, un cadáver político, cuya continuidad al frente de la Fiscalía el Tribunal Supremo podría revocar declarando la nulidad de su nombramiento.

Quizás a Pedro Sanchez le convenga soltar el lastre de Dolores Delgado, en cuyo caso, en una jugada propia de todo un tahúr, el presidente  estaría vendiendo la cabeza de la ex ministra a cambio de desbloquear la renovación del CGPJ y del TC: no hay que olvidar que en este momento el PP tiene mayoría en ambos órganos (decisivos para el estado y la batalla jurídica entre partidos) y que lo más cómodo para los populares sería mantener dicha actual situación sine die.

Si a Sánchez le conviene quitarse de en medio a Dolors Delgado y consigue engañar a Pablo Casado con el señuelo de la ex ministra, estaría obteniendo cuatro victorias al precio de una: 1) Dar vía libre al TS para declarar la falta de idoneidad del nombramiento y destensionar su relación con el Alto Tribunal (cuya sección cuarta sería mayoritariamente conservadora); 2) engañar una vez más al PP y lograr la renovación del CGPJ y del TC para que la mayoría vuelva a ser socialista; 3) quitarse de en medio a quien por su proximidad con Baltasar Garzón podía entorpecer desde la fiscalía las causas abiertas contra Podemos y Pablo Iglesias, cuya compañía contamina y desprende un putrefacto olor a cadáver. Supongamos que la llegada de Alex Saab a EE.UU. acelera el proceso de putrefacción de los morados y de su líder y comienza a generar flujos de información sobre la financiación “tropical”(Boliviana, Venezolana) de Podemos. Baltasar Garzón, íntimo de Dolores Delgado, es el abogado de Evo Morales y está claramente alineado con el Foro de Sao Paolo y el Grupo de Puebla, y tiene conocidos vínculos profesionales, económicos y políticos con importantes líderes chavistas. ¿Y si Pedro Sánchez estuviera pensando en soltar el lastre de Podemos? Bastaría entonces la imposibilidad de aprobar los presupuestos, disolver las cámaras, convocar elecciones, entregar a Podemos e Iglesias a los Tribunales y coger, nuevamente, con el pie cambiado a la oposición. Y esa sería la cuarta y definitiva victoria de Sánchez. Naturalmente, con los morados destruidos, el PSOE estaría en posicion de recuperar buena parte del voto cedido a los podemitas y su victoria electoral sería más que probable.