En un paso más hacia la ya acusada politización de los Justicia, el PSOE y Podemos han registrado hoy en el Congreso de los Diputados un proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, rompiendo los consensos constitucionales y parlamentarios establecidos desde 1986 y apartando de la designación a la oposición.

Es la primera vez que un órgano de la relevancia constitucional de Consejo General del Poder Judicial se quiere renovar por esa vía y en esos términos. Es una paso más en el proceso de “desinstitucionalizacion” del estado y del régimen constitucional de 1978, articulado sobre la división de poderes y la elección de un CGPJ independiente. Es también la primera vez desde 1978 que un gobierno pretende saltarse todos los controles previstos por el ordenamiento jurídico para configurar un Poder Judicial a su medida política.

La reforma podría ser, en consecuencia, inconstitucional y quebrantaría, según expertos juristas consultados, la ya maltrecha división de poderes en España.

El Gobierno no utiliza el instrumento del proyecto de ley sino que acude a los dos grupos parlamentarios del bloque gubernamental para que inicien el proceso de reforma. La razón: evitar que los órganos consultivos llamados a pronunciarse en una reforma de este calado, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, emitan su dictamen, salvando así el varapalo jurídico que temen del órgano de gobierno de los jueces y del propio Consejo de Estado. Incluso la división existente en el seno del Gobierno (Margarita Robles, Ministra de Defensa, encabezaría el sector que apunta a la inconstitucionalidad de la reforma) ha llevado a Pedro Sánchez a presentar la reforma como una iniciativa de los grupos parlamentarios gubernamentales, en forma de proposición de ley. Las proposiciones de ley, a diferencia de los proyectos de ley, no requieren del informe preceptivo ni del Consejo de Estado ni del Consejo Fiscal ni del Consejo General del Poder Judicial. Con ese truco legal, que algunos tachan ya de fraude de ley, se pretende evitar la crítica institucional a la reforma y acelerar los plazos.

La proposición no de ley del bloque gubernamental pretende que los vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial puedan ser elegidos con una mayoría absoluta en lugar de con los 3/5 del Congreso y el Senado que ahora exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto sería posible, según la reforma pretendida, en una segunda votación en caso de que la primera no alcanzara el consenso requerido.

Según el proyectado 572 de la nueva Ley orgánica del Poder Judicial: «Cada una de las Cámaras elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial de entre aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título». 

«Si en la primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis Vocales del turno judicial por mayoría absoluta».

Es decir, si el bloque gubernamental no logra la designación por consenso, se garantiza lograrla por imposición, lo cual politiza todavía más la vinculación del órgano de gobierno de los jueces y su sumisión al poder de los partidos políticos.

El control del Consejo General del Poder Judicial es prioritario para Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.  El órgano de gobierno de los jueces realiza los nombramientos y los ascensos judiciales y tramita los expedientes sancionadores.

Controlando el CGPJ, se controla la composición de los órganos judiciales más importantes del estado, es decir, aquellos que, como el Tribunal Supremo, juzgan a los políticos aforados, como Pablo Iglesias.

La reforma también contempla la limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial una vez éste haya cumplido su mandato por cinco años.