EN 2019

La Generalitat pagó a la comisión de la ONU que pidió liberar a los golpistas presos

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La Generalitat de Cataluña donó 150.000 euros en 2019 al departamento de la ONU que, ese mismo año, emitió un dictamen reclamando la puesta en libertad del los golpistas Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez cuando todavía se encontraban en prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que acabaría condenando a 13 años de cárcel al jefe de filas de ERC y a nueve al líder de Òmnium Cultural y al ex presidente de la ANC, respectivamente.

Según recoge El Mundo, realizó esta aportación a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, según consta en la relación de “contribuciones voluntarias” que anualmente publica la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU -OHCHR, según sus siglas en inglés-.

De esta oficina depende el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que en mayo del pasado año emitió un dictamen no vinculante en el que consideró “arbitraria” la situación de prisión preventiva de Junqueras, Cuixart y Sànchez y defendió su “inmediata puesta en libertad”, así como la necesidad de “concederles una indemnización” y de que el Gobierno iniciara una “exhaustiva investigación” de las circunstancias que rodeaban a su encarcelamiento.

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, desde la que se realizó la donación al departamento de la ONU, depende de la Consejería de Exteriores de la Generalitat, que controla ERC y que está dirigida por Alfred Bosch. Precisamente, fue el dirigente del partido presidido por Junqueras quien publicitó y difundió el dictamen a través de los canales oficiales de la Consejería.

El inhabilitado Quim Torra llegó a realizar una declaración institucional desde el Palau en la que, basándose en las conclusiones del grupo de trabajo de la ONU, reclamó a la Fiscalía retirar las acusaciones que pesaban contra los dirigentes separatistas presos como paso previó a su puesta en libertad.

Asimismo, tildó de “demoledora” la opinión del grupo de trabajo de la ONU, y sostuvo que, aunque sólo citara a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, implicaba “al resto de presos políticos” y debería ser de “obligado cumplimiento”. “Si el Reino de España no la cumple estará vulnerando el derecho internacional”, dijo.