FIRMADO POR FELIPE PALAU

Un informe pericial exculpa a Camps de responsabilidad en la Fórmula 1

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El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps ha tomado la iniciativa en la reapertura de la investigación sobre el contrato que hizo que la Generalitat pasara a ser avalista de Valmor, la organizadora de los grandes premios, en detrimento de Bancaja.

La investigación se ciñe ya únicamente a este episodio después de que la Audiencia validara el resto de la actuación del entonces presidente en la negociación para traer la F-1 a Valencia. La decisión de la Sala se produjo tras el recurso de la Abogacía de la Generalitat. La jueza de Instrucción 2 y Anticorrupción no vieron motivos suficientes para continuar con el asunto.

Según publica Las Provincias, el tribunal sugirió que una de las posibilidades para profundizar en las pesquisas era la elaboración de un informe pericial sobre derecho extranjero y analizar qué consecuencias jurídicas efectivas y susceptibles de reclamación podría haber tenido para la Generalitat que se le hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El presidente, antes de que el resto de partes presumiblemente encarguen sus informes, ha entregado un dosier exculpatorio que firma Felipe Palau, catedrático de Derecho Mercantil del centro de Investigación en Gestión de Empresas de la Universidad Politécnica.

El trabajo del profesional realiza un análisis de acuerdo al derecho inglés del contrato que firmó la Generalitat. En primer lugar, aclara que no llegó a entrar en vigor porque estaba condicionado a la cláusula 4 de ese documento de novación, firmado un día antes de que Camps dimitiera por el juicio de los trajes. «El cumplimiento de aquella condición previa» era que la Generalitat organizara en exclusiva el Gran Premio de España. Hasta esa fecha, era el circuito de Montmeló el que celebraba la prueba con esa denominación. Pero entonces se hablaba de la posibilidad de que se retirase y dejara a Valencia al frente del circo de la Fórmula 1. Esta nueva firma modificaba también el contrato inicial de julio de 2007.

«La posición de garante de la Generalitat es compleja, toda vez que su responsabilidad deriva de distintas modalidades de garantía en sentido estricto: representations, warranties, guaranties e indemnities», apunta el experto. Resulta complicado -prosigue el estudio- determinar si la cláusula 35 sobre Derechos del Circuito es «una garantía subsidiaria» o un «contrato de indemnización».

Sin embargo, pese a las anteriores posibilidades interpretativas, lo que no admite ninguna ambigüedad, según este dosier, es que la naturaleza de las obligaciones garantizadas no es dineraria, «consiste en obligaciones de dar, hacer o no hacer». En este sentido, añade que la traducción de nuevo avalista por parte de la Generalitat debe entenderse «desafortunada» si como tal se entiende que garantiza «un determinado importe dinerario prefijado de antemano». El dosier del especialista concluye subrayando que independientemente de toda la explicación, la citada cláusula cuatro no se cumplió y, por tanto, el resto carece de valor.

Existen dos diligencias todavía por practicar tras la reapertura del caso. Por un lado, la declaración de un responsable de la Intervención de la Generalitat y la de un comisario de la UDEF.