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EN MADRID

Una juez investiga al Gobierno por prevaricación por permitir el 8-M

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Un juzgado de Madrid ha acordado abrir una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8-M pese a los datos sobre la epidemia de coronavirus que con los que ya se contaba en esas fechas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado investigar a José Manuel Franco por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir el pasado 8 de marzo el aquelarre feminista por el Día Internacional de la Mujer conocidas las advertencias que días antes hizo el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades sobre el riesgo de contagio por coronavirus.

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El abogado Víctor Valladares presentó la semana pasada una denuncia que iba dirigida, en primer lugar, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de este año, cuando se decretó el estado de alarma.

Tras estudiar dicha denuncia, la magistrada instructora ha incoado diligencias previas respecto al delegado de Gobierno en Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia. En este sentido, insta al denunciante a que, si lo estima oportuno, traslade la denuncia ante los órganos competentes.

En el caso del presidente del Gobierno sería ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debido a su aforamiento, mientras que el resto de delegados de Gobierno deberían responder ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

La denuncia relata que en la Comunidad de Madrid hubo “77 reuniones multitudinarias” desde que el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades emitiera el 2 de marzo de 2020 su informe sobre el COVID-19.

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