Fiscalía responde a la negativa de Shakira a pactar pidiendo 8 años de cárcel para la cantante

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La respuesta de la Fiscalía de Barcelona a la negativa de Shakira a negociar con la AEAT, no se ha hecho esperar: acusa a la artista colombiana de haber cometido delitos contra la Hacienda pública por defraudar supuestamente 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

El ministerio público presentó el viernes su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso. La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel para Shakira.

El caso se remonta a 2017, cuando los denominados «papeles del paraíso», una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló que la cantante colombiana residía en Barcelona junto a su entonces marido, el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y sus dos hijos, pero estaba supuestamente domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas.

La investigación aseguraba además que la cantante gestionaba en dos países con ventajas fiscales, Malta y Luxemburgo, unos 31,6 millones de euros por derechos de autor de sus canciones. Los abogados de la cantante aclararon que residía en las islas Bahamas desde 2004, pero los años siguientes tuvo que viajar «sin parar», y que, hasta 2015, su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar y que la gestión de esos millones se realizaba desde 2007 a través de una sociedad maltesa que «cumple con todos los requisitos legales».

Shakira lo niega todo y acusa a la AEAT de persecución

Según ha recalcado la artista a través de su agencia, pese a las conversaciones que sus abogados han mantenido con la Fiscalía, su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle.

Para la cantante y su equipo, este caso «constituye un total atropello» a sus derechos, puesto que ha demostrado siempre «una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal».

En ese sentido, recuerda el comunicado que, «aun discrepando» del criterio de su equipo jurídico sobre el supuesto fraude fiscal, la artista devolvió 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria -la suma presuntamente defraudada más los intereses- y que «desde hace muchos años no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda».

Asimismo, la cantante sostiene que «ha confiado y seguido siempre fielmente las recomendaciones de los mejores especialistas y expertos asesores de PricewaterhouseCoopers y ha cumplido de manera impecable en las más de 20 jurisdicciones en las que ha tributado».

En su comunicado, Shakira critica que la Agencia Tributaria «gasta millones» en «persecuciones» como la que ella ha sufrido y «pierde uno de cada dos pleitos con sus contribuyentes», por lo que ha decidido «dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón».

Shakira lamenta que «jamás» en ningún otro país se ha topado con una «persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada» por parte de Hacienda, «ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio».

En opinión de la artista y su equipo legal, la Fiscalía «sigue sin mostrar pruebas directas o criterios razonables que soporten su postura y ha mantenido una actitud del todo intransigente a lo largo de toda la instrucción».

Según su defensa, el ministerio público ha hecho un «ejercicio mínimo» de intentar mostrar su permanencia en España durante «ciertos días, pero ni de lejos lo que exige la ley para considerarse residente».

Por ese motivo, considera su defensa que la Fiscalía «ha abusado de un concepto jurídico indeterminado, como es el de las ausencias esporádicas, sobre la base de una cuestión técnicamente discutible de quien ni siquiera devenga en España, ya que sus beneficios provienen del exterior, donde trabaja y ejerce su profesión».

«La Fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado de mis giras internacionales y en «The Voice» cuando aún no era residente en España y han recurrido a medios indebidos para presionar, tal y como lo hacen a diario e injustamente con miles de contribuyentes con fines lucrativos», mantiene el comunicado.

Todavía es posible un pacto con la Fiscalía

La Hacienda española le reclamó unos 14,5 millones de euros, al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país. En cualquie caso, la artista ya  ha pagado esos 14,5 millones de euros y otros tres de intereses, lo que no impide que pueda ir a juicio por supuesto fraude fiscal entre 2012 y 2014.

El pasado miércoles (27.7.2022), la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que confía «plenamente» en su inocencia. Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por «dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón». Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio. Su comunicado destaca que su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle.