Silencio de Interior

Garcia Castellón imputa a cuatro podías de la Comisaría de Información por el caso Villarejo

|
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar como investigados (imputados)  a cuatro policías actualmente destinados en la Comisaría General de Información por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, en el marco de la causa por el presunto espionaje que el BBVA habría encargado al excomisario José Villarejo. Se trataría de agentes ligados al clan Villarejo, que seguirían en activo. El Ministerio del Interior ha guardado hasta el momento silencio y no ha adoptado medida alguna respecto de los policías, que siguen realizando distintas investigaciones.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda la declaración de los cuatro, entre ellos un inspector jefe de la Policía y un subinspector que ya habrían realizado otras consultas en los mismos ficheros policiales sobre personas objeto de seguimiento por la empresa de Villarejo, Cenyt.

Según explica el magistrado, esta práctica se habría producido «en ejecución y desarrollo de otros proyectos contratados con diferentes clientes privados» e investigados en otras piezas separadas de la causa sobre los negocios del excomisario.

La «operación Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en un procedimiento en el que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.

A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

Con motivo del levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una «reiterada injerencia» en los derechos de las personas «mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria».

Argumentos que retoman los fiscales en su último informe, en el que recuerdan que, a tenor de los investigadores, la factura de los «múltiples» servicios prestados por Cenyt a BBVA ascendió a 10,2 millones de euros.

Las consultas efectuadas datan de entre 2015 y 2016, e incluyen datos de filiación, domicilios, pasaportes, trámites, tarjetas e imágenes de una decena de personas, a los que habrían accedido los ahora investigados, destinados en la Comisaría General de Información.

A instancias de Anticorrupción, el juez también requiere a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que amplíe los resultados de la auditoría de accesos en las bases de datos e identifique al usuario que realizó una consulta sobre «personas de interés policial» en marzo de 2015.