Desde que fue nombrado ministro de Consumo en enero de 2020, el comunista Alberto Garzón, ha renovado en un año una docena de licencias a las potentes compañías de juego online que operan desde Malta, considerada por alguno como un práctico paraíso fiscal, con bajísima tributación y cierta opacidad.

¿Es esa la política social de la izquierda en materia de juego? Las compañías han triplicado sus ingresos en los últimos cinco años y el numero de cuentas se han duplicado, pero hay un millón y medio de españoles enganchados al juego. ¿Y las cifras de la ludopatia? ¿Y la protección del consumidor? ¿Donde queda la indefensión de los menores? ¿Cual es el coste social de este tipo de regulación del negocio del juego?

Entre las compañías de juego on Line con sede en Malta, y a las que el ministro Garzón acaba de renovar la licencia para que sigan operando en nuestro país y tributando fuera, se encuentran TSG Interactive, dueña de Pokerstars.es; Electraworks, propietaria de Bwin.es, Partycasino.es o Partypoker.es; Whg Spain, que opera con Williamhill.es; Betfair International, con Betfair.es; Beatya Online, con Starvegas.es o Hillside, propietaria de Bet365.es.

Cirsa, con Sportium Apuestas Digital y Codere, tienen sin embargo domicilio social en España.

Debe señalarse que, en tiempo de crisis, el juego online ha triplicado sus ingresos en los últimos cinco años, al pasar de 338 millones en 2015 a un total de 851 millones al cierre del último ejercicio el pasado 31 de diciembre.

Pero no solo crece la facturación, sino también el número de cuentas activas, que se ha duplicado igualmente desde 2015 al pasar de 1,5 millones a un total de 2,9 millones, aunque de acuerdo con los datos del último informe de la Dirección General del Juego el número de jugadores era algo menor, de 1,48 millones de personas.

Del total del negocio en España, el 42,92% se corresponde con ingresos en apuestas; el 41,23 en casinos online; el 12,96% en póquer; el 1,94% en bingo y tan solo el 0,9% en concursos.

En España el 1% de la población juega de manera patológica; es decir, hay afectadas unas 400.000 personas, a lo que hay que sumar el trastorno que genera en la familia, lo que supone que finalmente incide en un 2,5% de la población, un millón de personas, lo que es una cifra nada desdeñable.