Paraísos fiscales

Histórico acuerdo entre 130 países sobre fiscalidad de multinacionales

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130 de los 139 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alcanzaron este jueves un compromiso que abre las puertas a una nueva fiscalidad de las multinacionales, que tendrán más dificultades para alojarse en paraísos fiscales y evitar pagar impuestos.

«Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”, declaró la OCDE en un comunicado. La reforma fiscal persigue que las firmas paguen un impuesto mínimo sobre los beneficios de «al menos el 15 por ciento”.

Perú, Irlanda y Hungría no firmaron la declaración. Pero China, cuya posición era muy esperada, y los países generalmente considerados como paraísos fiscales, se sumaron al pacto.

«Las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos», reaccionó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estas empresas «ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en Estados Unidos, o en cualquier otro país, en jurisdicciones de menor imposición«.

Para el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, se trata del «acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en el último siglo», mientras que su homólogo alemán, Olaf Scholz, saludó lo que calificó como «un paso colosal hacia una mayor justicia fiscal». La declaración conjunta prevé también un reparto «más justo» de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.

«Este plan de dos pilares será de gran ayuda para los países que necesitan movilizar los ingresos fiscales necesarios para restablecer sus presupuestos y finanzas públicas, al tiempo que invierten en los servicios públicos esenciales, en las infraestructuras y en las medidas necesarias para una recuperación sólida y sostenible después de la crisis» del coronavirus.

La OCDE, que calcula que este cambio redistribuirá unos 250 mil millones de dólares al año.

El pacto entrará en vigor en 2023.