Indultos: ¿A qué esperan el CIS y las empresas de demoscopia para preguntar a los españoles?

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Este gobierno sea especializado en ir empeorando el panorama nacional semana a semana, y en que los españoles vivan cada día con un poco más de desasosiego que el día anterior.
Tras el fiasco de nuestra política exterior, de la demostrada debilidad de nuestras fronteras y del aislamiento internacional de España, ahora llega la hora de someter la dignidad democrática de España concediendo ilegalmente uno indultos a los condenados separatistas.
El indulto es una medida de gracia, pero debe cumplir una serie de requisitos jurídico previos (se llaman «elementos reglados») que, si se cumplen, habilitan al Gobierno para conceder el indulto, pero si no se cumplen el gobierno no puede indultar. El Tribunal Supremo, por unanimidad, le ha dicho al gobierno que no se dan las exigencias legales para poder conceder el indulto, pero a Sánchez le da exactamente igual.
Es un escándalo democrático de primer orden que el presidente del Gobierno haya comparado la ley con la venganza. En un estado de Derecho la ley es la expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos, y tiene además carácter general, se aplica a todo el mundo, por lo que no puede constituir una venganza solo contra unos pocos.
Es inadmisible que Pedro Sánchez, cuya ignorancia democrática es pavorosa,  compare la justicia administrada por el Tribunal Supremo con la revancha. ¿De verdad creee, como los fanáticos de la CUP o el lunático de Puigdemont, que los magistrados del Supremo se han tomado la revancha contra los condenados? ¿Les está acusando de prevaricación?
En un Estado de Derecho es inadmisible que el Presidente del Gobierno conciba la ley como venganza y la justicia como revancha.
En un estado Democrático es inadmisible que el Presidente del Gobierno condicione la concordia entre los españoles -como ha hecho Sánchez- al indulto.
En un Estado Democrático es insostenible que el gobierno conceda un indulto cuando el Supremo le dice que es ilegal  y que además no puede utilizar el derecho de gracia para garantizarse el apoyo parlamentario del partido de los indultados.
En un Estado miembro de la Unión Europea no es de recibo que su Presidente del Gobierno viva del permanente enfrentamiento con el Poder Judicial, cuyas sentencias y dictámenes trata de obviar y cuyo órgano de gobierno trata de tomar al asalto, del enfrentamiento con la Jefatura del Estado, a cuyo titular impide ejercer sus funciones constitucionales,  y de la exclusión política y social de la mitad del país.
Al menos, de la mitad del país…porque ¿a que espera el CIS para preguntar a los españoles sobre el indulto? ¿A que esperan, si no lo hace el CIS, todas las demás compañías privadas que se dedican a la demoscopia? ¿A que esperan los partidos políticos, las fundaciones, la sociedad civil para preguntar a los españoles?