Jueces acusan al Gobierno de eludir sus responsabilidades ante la pandemia

|
Madrid, 5 may (EFE).- La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en representación en la carrera, ha acusado al legislativo de «dejación de funciones» y al Gobierno de «eludir responsabilidades» al no aprobar una legislación eficaz para luchar contra la pandemia, dejando las medidas en manos de la justicia.

En un comunicado, esta asociación critica con dureza el decreto que abre la puerta a que los gobiernos autonómicos acudan al Supremo si el tribunal superior de justicia de su comunidad rechaza alguna de las restricciones diseñadas para hacer frente al coronavirus tras finalizar el estado de alarma, el próximo día 9.

«Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional, grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional», denuncia.

Desde hace años, alerta esta asociación, las Cortes Generales, ante la incapacidad de los grupos parlamentaria de llegar a acuerdos, apenas aprueban leyes orgánicas y ordinarias y la mayoría de las decisiones legislativas se acuerdan por real decreto.

A su juicio, se ha convertido así la excepcionalidad en norma y, en el caso del decreto publicado hoy en el BOE, «la urgencia y necesidad alegadas son ficticias», ya que el estado de alarma tenía fecha prevista de finalización y las dudas sobre la suficiencia del marco legislativo ante la pandemia no son nuevas.

Para la AJFV, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestra también «la subordinación servil del legislativo al Ejecutivo» y, además, no se controla la acción del Gobierno.

A esto se añade, apunta, que «el Tribunal Constitucional está desaparecido de manera consciente», evitando resolver recursos contra leyes que afectan a derechos fundamentales; una inacción que «contribuye a la liquidación del sistema al actuar de forma opaca en cuanto a los tiempos que maneja».

Para esta asociación, «el único poder que se mantiene en el lugar que constitucionalmente le corresponde» es el judicial, «sometido a asedio constante por parte de los otros poderes del Estado, mediante la desacreditación de sus resoluciones y la falta de respeto institucional a la labor jurisdiccional.»

«La pasividad del legislativo, la falta de impulso del ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía», denuncia la AJFV.

Pide por ello que se reconduzca esta situación para regresar al marco de convivencia que marca la Constitución y que considera «amenazado».