¿Justicia?

La Audiencia Nacional absuelve al jefe de ETA, Gadafi

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La Audiencia Nacional ha absuelto al histórico jefe de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, del asesinato de un exguardia civil en 1991 en Bilbao en aplicación de una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que también supuso la excarcelación del etarra Xabier Atristain.

El tribunal considera que no se ha probado la participación de Iglesias Chouzas en este atentado, cometido el 31 de enero de 1991 cuando el exguardia civil Francisco Díaz de Cerio recibió cinco disparos por la espalda, por lo que el fiscal pidió en el juicio que fuera condenado a 40 años de prisión.

El atentado se remonta al 31 de enero de 1991, cuando Gadafi y Juan María Ormazábal Ibargüen, alias Turco y ya fallecido, pararon un taxi cerca del Teatro Arriaga de Bilbao. Iniciado el trayecto hacia el barrio de El Calero, uno de ellos sacó la pistola «afirmando que eran miembros de ETA», según recoge la Fiscalía en sus conclusiones provisionales.

Obligaron al taxista a detener el coche y a meterse en el maletero, y continuaron la marcha hasta donde estaba la víctima, exmiembro de la Guardia Civil, en el barrio de Ocharcoaga.

«Una vez allí, le dispararon hasta en 5 ocasiones por la espalda», dice el escrito, que añade que huyeron hasta el Camino de Ibarguri, donde abandonaron el coche, con su propietario en el maletero.

Un asesinato por el que el fiscal pide 40 años de prisión para Gadafi, de 59 años, por un delito de asesinato terrorista, robo con intimidación de carácter terrorista y detención ilegal de carácter terrorista.

La llegada de nuevos indicios, como diversas declaraciones de otros etarras, provocaron la reapertura de la causa en varias ocasiones, la última tras un informe de la Ertzaintza, de modo que se ha seguido investigando hasta conseguir llegar a juicio.

Gadafi, a quien se le atribuyó el liderazgo del aparato logístico de ETA y su pertenencia al Comando Vizcaya, fue trasladado a finales de 2020 a la cárcel palentina de Dueñas y cumple una larga condena por asesinatos, atentados, estragos, terrorismo, depósito de armas y explosivos, detención ilegal y robo con violencia, que llegará a sus tres cuartas partes en febrero de 2031.

En su sentencia, los magistrados de la Audiencia Nacional recuerdan que la jurisprudencia del TEDH en el caso Atristain concluyó que se restringió el derecho de acceso a un abogado de libre designación en las diligencias prejudiciales, sin motivos suficientes y relevantes para dicha restricción, que no se basó en una valoración individual de las particulares circunstancias del caso, sino en razonamientos de carácter general, y por ser obligatorio por ley.

La proyección de dicha doctrina al caso de Iglesias Chouzas, que juristas consultados señalan tque ha sido traída por los pelos a este caso, lleva a los jueces a considerar que “no aparecen recogidas en las actuaciones suficientes antecedentes de las condiciones en que se prestaron las declaraciones sumariales, ni del régimen de garantías que las acompañaron».

«Se tiene suficiente constancia de que lo fueron en régimen de incomunicación, tanto las policiales como las judiciales, pero sin que consten ni las resoluciones judiciales ni referencias suficientes a los razonamientos jurídicos contenidos en los autos de prórroga de incomunicación”, añade.

El tribunal señala que carece de constancia la razón por la que los detenidos permanecieran incomunicados durante dicho interrogatorio judicial, sin posibilidad de ser defendidos por sus letrados de confianza, designados por ellos mismos, y sin poder comunicarse con ellos, en referencia a varios etarras en cuyas declaraciones se basaron las acusaciones contra Iglesias Chouzas.

Por ello estima que del testimonio de los testigos comparecientes en el juicio, Raúl Ángel Fuentes Villota, Jon Mirena San Pedro Blanco, Jesús María Mendinueta Flores y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, exclusivamente es aprovechable la declaración prestada en la vista.

La Audiencia estima además que «ninguna consecuencia puede extraerse de la negativa del acusado a contestar a las preguntas de las partes -Fiscalía, acusación particular ejercida por la viuda del fallecido y la defensa-» y añade que «en nada afecta a su derecho constitucional de presunción de inocencia, que juega plenamente en su favor como punto de partida».

El asesinato del exguardia civil Francisco Díaz de Cerio era uno de los casi 380 crímenes de la banda terrorista ETA que estaban sin resolver en sentencia.

Mientras la Audiencia Nacional continúa aislada en su campana de oro leguléyica, las víctimas esperan en vano la llegada de la Justicia y los asesinos se sienten triunfadores.