Nuevo varapalo judicial a los Iglesias

La Audiencia Provincial desestima el recurso de los Iglesias por las caceroladas de Galapagar

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado, en efecto,  el recurso de Irene Montero contra el auto de archivo del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Collado Villalba, de la querella formulada por la compañera de Pablo Iglesias contra Cristina G. C., por la supuesta comisión de un delito de coacciones y otro de acoso, tipificados en al artículo 172 del Código Penal.

En su querella, Montero denunciaba las caceroladas diarias, a lo largo de dos meses y cinco días, en la puerta de su chalet de Galapagar así como la publicación de imágenes de dichas manifestaciones en Twitter. A eso llamaba acoso y coacciones y a eso pretendía darle relevancia penal.

La Audiencia Provincial ratifica el sobreseimiento de las actuaciones al entender que los hechos carecen de relevancia penal y no se corresponden con la acción de hostigamiento no sólo por “la forma misma en la que se anunciaba la convocatoria -pública- de las caceroladas a través de redes sociales, sino los datos ofrecidos en el anuncio sobre el día y hora en que iban a tener lugar, la propia localización, a saber, al aire libre y en zona de campo; el horario y su duración acotada en el tiempo y mediando una distancia aproximada de unos 30 metros frente a la valla del inmueble familiar de la querellada. Concentración así convocada y que se desarrollaba en cualquier caso al margen de que la querellada y sus convocados, tuvieran conocimiento de si la querellante, su pareja o sus hijos se encontraban – o no- en el domicilio”.

Los Magistrados concluyen que “cuando la apelante describe la repercusión de índole personal de tal conducta que provocó que no saliera a pasear con sus hijos menores, o no poder salir al jardín por los fuertes ruidos…” e incluso la repercusión política, afirmando cómo “inevitablemente, se le hace más difícil el importante papel encomendado por la ciudadanía” tales consecuencias carecen de la enjundia y relevancia penal que se pretende”.