La Comisión Europea quiere suspender 7.500 millones de ayudas a Hungría

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La Comisión Europea ha propuesto formalmente suspender un tercio de los fondos de cohesión previstos para Hungría, unos 7.500 millones de euros, ante el temor de que el Gobierno de Viktor Orban emplee estas ayudas en medidas contrarias a los dogmas comunitarios.

El Ejecutivo comunitario es partidario de «suspender el desembolso del 65 % de los compromisos de tres programas operativos de la política de cohesión por un importe estimado de 7.500 millones de euros, lo que supone más de un tercio de la dotación de cohesión de Hungría», informó en una rueda de prensa el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn.

Bruselas decidió dar este paso como medida de presión a la espera de que el Gobierno de Viktor Orbán implemente las medidas esperadas por la Comisión.

La congelación de los fondos tiene que ser ahora aprobada en el plazo de un mes por el resto de Estados miembros por mayoría cualificada, lo que supone que Polonia -el gran socio de Hungría en estos asuntos- no tiene capacidad de veto.

Sin embargo, este plazo puede extenderse en otros dos meses, lo que implica que Budapest tiene hasta el 21 de diciembre para poner en marcha las reformas requeridas por las autoridades comunitarias y poner freno al proceso para que la congelación de los fondos no sea efectiva.

Hahn explicó que a más tardar el 22 de septiembre presentarán su propuesta a los Estados miembros y les pedirán de entrada que amplíen el plazo inicial de un mes para que se pronuncien.

Hungría es uno de los mayores beneficiarios de los fondos regionales de la Unión Europea, con más de 22.500 millones de euros asignados en virtud de la Política de Cohesión hasta 2027.

La Comisión Europea activó a finales de abril el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho, que fue acordado en las negociaciones del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, y que no había sido utilizado antes.

Hungría y Polonia llegaron incluso a bloquear aquellas negociaciones por su oposición a dicho mecanismo y recurrieron ante la Justicia europea, pero más tarde el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) avaló el mecanismo.