Asalto de Sánchez al Estado de Derecho

La democracia española contiene la respiración a la espera de su Tribunal Constitucional

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La democracia española ante la más grave crisis institucional de su historia

Mientras Bolaños presiona a los magistrados del Tribunal de Garantías, Conde Pumpido abronca airadamente al presidente del órgano y el PSOE se persona para evitar como sea que el TC paralice el asalto del gobierno al Poder Judicial

El Constitucional ha convocado un pleno extraordinario y urgente para decidir si detiene de forma cautelarísima la reforma del Código Penal mediante la que se pretende el asalto al CGPJ y al TC y la ruptura de los equilibrios institucionales.
En la tarde de ayer, según fuentes del tribunal, desde Moncloa se desplegó toda una maquinaria de presiones sobre lo magistrados. Bolaños y otros altos cargos se habrían puesto en contacto con determinados magistrados y letrados mientras que Cándido Conde Pumpido, que espera ser presidente del TC si prospera el asalto de Sánchez al mismo, abroncó airadamente al presidente actual, Gonzalez Trevijano, advirtiéndole incluso de que tendría que abstenerse en la votación por supuesto conflicto de interés. A lo que Trevijano habría respondido que con mayor medida tendría que abstenerse Pumpido, cuya presidencia depende de la votación que se produzca en el pleno de hoy.
Los nervios en el PSOE han llegado al punto de su personaron en la causa y pide alegar antes para tratar de retrasar la decisión e imponerse en el Congreso.

Qué debate hoy el pleno del TC

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha convocado un pleno extraordinario y urgente este jueves para decidir si se admite el recurso de amparo presentado hoy por el PP. Fuentes del Alto Tribunal han informado de que el presidente González-Trevijano, tras haber consultado al vicepresidente Juan Antonio Xiol, propondrá la avocación por el Pleno del conocimiento del recurso en una convocatoria extraordinaria y urgente. Y aunque no han precisado cuándo, será esta misma semana. En dicho Pleno se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP. La ponencia ha correspondido al magistrado conservador Enrique Arnaldo.

Sin embargo, el grupo socialista en el Congreso ha reaccionado y ha pedido al Tribunal Constitucional que le deje presentar alegaciones. Según los socialistas, la decisión que podría adoptar tendría «una incidencia directa en el derecho fundamental de todos los diputados de imposible reparación».

Con esta alegato pretenden retrasar la decisión del TC e impedir que se produzca la votación sobre la reforma de la sedición y la malversación, prevista para esta misma tarde.

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, anunciaba la presentación de este «primer» recurso ante el Constitucional en los pasillos del Congreso, donde ha subrayado que el trámite para aprobar las dos enmiendas que recurren es de una «manifiesta anticonstitucionalidad» y «antijuricidad», siguiendo el criterio manifestado por letrados de las Cortes.

El PP recurre así la enmienda que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el seno del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) a los magistrados al Constitucional. Y también la que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilita la opción de renovar por sextos y no por tercios.

El PP pretende suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar ambas enmiendas y espera que el Constitucional se pronuncie antes del Pleno de este jueves para que estas enmiendas no se puedan aprobar.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la inconstitucionalidad del trámite para estas reformas, con las que, según el PP, pretenden «controlar» el Tribunal Constitucional. El PP argumenta además que la eliminación del quórum de tres quintos en el CGPJ para elegir a los magistrados, la mayoría que se exige al Congreso, afecta a la independencia y «limita las capacidades de propuesta de los vocales al Consejo».

Además, fuentes populares señalan que eliminar el plácet en el Constitucional «supone un atentado frente a la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional» y que la renovación por sextos «contraviene de manera clara, el expreso tenor del art. 159.3 de la Constitución que dispone que se renovarán por terceras partes cada tres años».