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La inseguridad jurídica, síntoma y sustancia. Por Luis Sánchez-Merlo

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La inseguridad jurídica, síntoma y sustancia

Por Luis Sánchez-Merlo

En los albores de un tiempo repleto de escrutinios —moción de censura, comicios municipales y autonómicos, informe de la Comisión Europea sobre el estado de Derecho en España, semestre europeo y elecciones generales— llama la atención la reacción del Gobierno a la decisión de una empresa privada: trasladar su sede social a otro país de la UE.

En mercados globales y contexto europeo, las compañías tienen todo el derecho a elegir dónde se instalan, defendiendo siempre el legítimo interés de sus accionistas, en aras de un principio básico como es la libertad de empresa.

La noticia, aflictiva, ha dejado indiferente a pocos, y los más desconfiados se preguntan si pudiera existir algún tipo de parentesco entre el momento escogido —precisamente un año tan electoral— y cuál de los dos bloques en liza, pudiera alzarse con la victoria que le permitiera formar gobierno.

De acuerdo con la normativa española y la de la UE -que establece el principio de la libertad de establecimiento, lo que conlleva el libre traslado de la empresa- la decisión es legítima, lo que no deja de ser un acto de soberanía inexpugnable. Esto presagia que, si los accionistas lo secundan, la deslocalización será irreversible.

 

Hechos. Ferrovial comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la decisión de su Consejo de Administración de trasladar la sede social corporativa a los Países Bajos. El intento de compartirlo con el jefe del Gobierno, se habría saldado sin éxito.

El razonamiento esgrimido: «alinear la estructura corporativa con el perfil internacional del grupo”. A juicio de la empresa, cotizar en los Países Bajos —como paso previo para hacerlo en EE. UU. —“potencia su internacionalización», mejora su capacidad de financiación, así como el acceso a los mercados financieros internacionales.

Debido a que en Holanda los dividendos de filiales están exentos de impuestos, Ferrovial se podría ahorrar hasta 40 millones de euros al año. El coste de los trámites del traslado y comenzar a cotizar, pueden representar 20 millones de euros.

Las credenciales son categóricas: el grupo obtiene del exterior el 82% de sus ingresos y el 95% de su valor, controla el 25% del aeropuerto londinense de Heathrow (el más importante del mundo), el 43% de la autopista canadiense 407-ETR (considerada también la mayor del mundo) y más del 50% en Budimex, la mayor constructora de Polonia (ahora sujeta a vigilancia por indicios de corrupción).

Los mercados lo están avalando con una significativa revalorización desde el anuncio de la marcha.

Desde que el gobierno de coalición progresista está en la Moncloa (mediados de 2018), las empresas del conglomerado de Fomento habrían adjudicado a Ferrovial contratos por valor de más de 1.000 millones.

 

Fundamentos. La salida de España de una gran multinacional es una mala noticia para el Gobierno, que ha considerado insustanciales los argumentos alegados por la empresa. Para el Ejecutivo la motivación invocada carece de fundamento, dado que la actividad y rentabilidad del grupo son ya esencialmente internacionales.

Mas bien, considera que sería la menor presión fiscal —empresarial y particular— de los Países Bajos, el impulso concluyente para la deslocalización. Y para reforzar el razonamiento, se insinúa que la fiscalidad del país beneficiario está desfigurada por excesivas desgravaciones (dividendos y triangulaciones con jurisdicciones sin impuestos).

Esta finta, apenas desmayada, implicaría a los Países Bajos como paraíso fiscal, de modo que su imposición pudiera distorsionar la competencia en el mercado interior europeo. Para concluir que el incentivo puede propiciar traslados delusorios.

Como corolario, los ministros, en modo coral, enfatizan que España contribuyó al progreso de la empresa —en particular a través de los ingentes recursos obtenidos en licitaciones de obra pública—dando a entender que haber licitado, conseguido y ejecutado contratos públicos no da carta blanca para una “lamentable huida hacia adelante”.

A juzgar por la sobrerreacción, el argumento utilizado por Ferrovial, el «marco jurídico estable», es decir, la estabilidad política y la seguridad jurídica, habría sido lo que ha enfurecido al jefe del gobierno de coalición y a sus ministros, que habrían exigido una rectificación para no dañar la imagen de España.

La perplejidad regulatoria, la imprevisible fiscalidad, el señalamiento ‘nominatim’ de empresarios ejemplares, traducen hostilidad evidente, susceptible de ahuyentar la inversión en un delicado momento de incertidumbre económica.

A pesar de los hechos consumados, mal calculados, el Gobierno habría acertado manteniendo la serenidad y sintiéndose orgulloso de la internacionalización de esta empresa española. Bien al contrario, ha somatizado la decisión como un desafío —“no es seria”, “falta de compromiso y de patriotismo”— y escenificado su enfado con munición pesada al atribuir “excusas ridículas” e “intereses personales” de la familia, como pretextos para la deslocalización.

Las advertencias no se han hecho esperar. Ya está en estudio la “sustancia” de los argumentos empleados por la empresa y presentada una iniciativa parlamentaria para obligar —a la compañía que se vaya de España-— a devolver hasta el último euro del dinero público recibido. Lo que una ministra del Gabinete ha llamado “atar en corto”, una expresión española muy celosa de la realidad.

 

Efectos. No es de extrañar la preocupación, cuando se cuestionan, cómo síntomas, la calidad de las instituciones —económicas y políticas— y la seguridad jurídica, que puede animar a otras a emprender el mismo camino.

Pero evocar conceptos tan sonoros —falta de ‘patriotismo’, ‘compromiso’, “la patria no es solo hacer patrimonio”— para afear comportamientos de hombres sin miedo, puede ser un arma de doble filo al exponerse a una réplica contundente.

¿Cómo se puede alardear de valores —indivisibles como estos—cuando alguien podría sacar a colación una retahíla de incumplimientos, cesiones, conductas…de difícil defensa?

El gobierno de coalición ha enervado la sentencia del Tribunal Supremo condenando el intento de golpe de Estado; ha dejado sin efecto las penas a sus protagonistas; impulsado el indulto a delincuentes confesos, haciendo caso omiso de las posiciones contrarias del Ministerio Público y Alto Tribunal; suprimido el delito de sedición y abaratado la malversación.

Sin ápice de autocrítica; sirviéndose de altavoces internacionales, tirando de chatarra discursiva y complaciendo exigencias sin fin, de quien canjea votos por presupuestos para la permanencia en la silla curul del concedente; se deja a la nación indefensa ante sus peores enemigos.

Cuando se acusa, con denuedo, a la gran empresa de pagar pocos impuestos (la realidad es bien distinta), se insulta (“capitalismo despiadado”) a creadores de riqueza que ayudan a sostener el estado de bienestar y se pide al Gobierno —del que forman parte— un escarmiento para evitar el desmantelamiento convendrá conmigo, querido lector, que no parece el mejor paisaje imaginable.

Si alguien tiene aspiraciones y pretende acumular méritos, inmediatos o mirando al futuro, con la Europa que decide (fondos NextGenerationEU, puertas giratorias bien remuneradas), no debería arremeter contra gestores y accionistas de la empresa de un Estado miembro que legítimamente osa, en solitario, fortalecer su posición internacional.

Me pregunto “sine ira et studio” —como haría Tácito— si continua la escalada ¿el tono del debate podría ser la antesala de la inminente moción de censura y el tiro terminase saliendo por la culata?

De momento, el Gobierno, con su reacción, ha hecho bueno el argumento de Ferrovial: en este país no te fíes de lo que te pueda pasar.  Cuando a Rafael del Pino y Moreno (1920-2008), que fundó Ferrovial en 1952, en alguna ocasión le preguntaron por su predilección política, su respuesta fue lacónica e inequívoca: “Soy del gobierno que hay”. Legado familiar.