Jueces contra la reforma

La Justicia española rechaza la invasión política del bloque gubernamental

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Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y como la Francisco de Vitoria, que representan a la inmensa mayoría de jueces en España, se han mostrado frontalmente contrarias a las intenciones del bloque gubernamental de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para dominar la Justicia desde los partidos políticos. Solo la minoritaria y filosocialsta Asociación de Jueces para la Democracia ha respaldado los planes de Pedro Sánchez y los suyos. l

El Magistrado Manuel Almenar ha declarado en nombre del la APM que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el bloque gubernamental en el Congreso es “abiertamente contraria a la Constitución”. El artículo 122 de la Constitución señala que los ocho miembros de origen judicial que integran el Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos por tres quintos de los parlamentarios; mientras que los doce representantes de los jueces deben ser nombrados por una mayoría idéntica en virtud de la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional. En ese sentido ha dicho que “esta cuestión se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que fue la que validó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, y entre sus argumentos recoge la aplicación de una mayoría cualificada, en la medida que puede garantizar de alguna manera que no se traslade al Poder Judicial la lucha partidista, propia del Parlamento”.

Almenar señala que  “cualquier intento de desconocer ese Estado de Derecho tiene su sanción a través del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. De hecho, hay una recomendación de la UE respecto al Estado de Derecho en Polonia, que es de 26 de julio de 2017, que expresamente viene a decir que en los Estados en la que se ha constituido el Poder Judicial su independencia es especialmente importante. Y una reforma, en esta línea, lo que hace es poner al Poder Judicial al servicio del Gobierno, y eso atenta contra el Estado de Derecho, porque es la base de la Democracia”.

Desde la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Luis Fernández Vaquero, también se ha alzado la voz contra la proposición de ley del bloque social-bolivariano por contravenir todas las recomendaciones comunitarias para garantizar la independencia del Poder Judicial. En ese sentido señala: “El efecto real que se produce, si sale adelante esta reforma y una mayoría absoluta nombra a los vocales judiciales, es que se puede establecer, desde el punto de vista del ciudadano, una línea directa que une el Gobierno con el Poder Judicial. Es ir en sentido contrario, un disparate, un despropósito”. Y concluye: “Estamos en un momento de deterioro, en el que se le está quitando legitimidad al CGPJ y a los propios jueces”.