Ley del ‘solo sí es sí’: nuevo intento de Montero de destruir el ordenamiento

EFE/Javier Lizón
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Tras año y medio de tensión en el gobierno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocido como ley del ‘solo sí es sí. El proyecto comienza ahora, por tanto, su trámite parlamentario. Otra andadura legislativa ardua y con amenazas a los principios jurídicos básicos.

Vayamos un poco más allá, entendiendo primero qué establece el derecho penal actualmente en torno a la libertad sexual.

Dos preceptos del articulado del Código Penal: el 178 y el 181. Uno, que establece el tipo penal de la agresión sexual, y otro, que lo hace del abuso sexual, ese que Montero pretende derogar. 

¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Pues bien, las definiciones más claras de abuso y agresión las da el propio Código: así, el que atentare contra la libertad sexual de otro con violencia o intimidación estaría cometiendo una agresión, mientras que quien lo hiciese sin violencia y sin consentimiento estaría cometiendo un abuso sexual.

Esto sirve para entender por qué la nueva ley Montero quiere acabar con la noción de abuso sexual: y es que solo habrá un consentimiento válido para que no se pueda considerar a un acto sexual, agresión: el consentimiento expreso, claro, y en palabras de la nueva ley, manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso, ojo, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Por tanto, ante el silencio de la supuesta víctima de agresión, éste se interpretaría como silencio negativo. O en otras palabras, todo acto sexual con penetración que no vaya precedido de autorización, será considerado violación. Con ello, de entrar en vigor la norma, explica la ministra, las víctimas ya no tendrían que probar que se han resistido o que ha habido violencia. 

El delito sexual callejero o un nuevo catálogo de agravantes

La nueva ley introduce otros cambios no menos relevantes: por ejemplo, el delito sexual callejero o un nuevo catálogo de agravantes, entre las que se encuentran las agresiones grupales, con uso de armas o drogas. Y ojo a eso del delito callejero: se podrá penar con trabajos en beneificio de la comunidad o localización permanente el dirigirse a una mujer con expresiones o proposiciones de carácter sexual.

Uno de los principios rectores de la ley es el empoderamiento femenino, un principio de rigor jurídico, nótese la ironía. Porque de rigor, la ley, tiene poco. De hecho, constituye una amenaza más del gobierno Sánchez a los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Constitución.

Amenaza a la presunción de inocencia y al Estado de Derecho

Ya lo advirtió la cúpula judicial, e incluso el propio CGPJ: la nueva ley amenaza a la presunción de inocencia. Un derecho fundamental que no es un principio más del proceso penal, sino que constituye y da razón al proceso mismo. En un Estado de Derecho que pretenda seguir siéndolo, si se quiere reconfigurar tal derecho fundamental, debe ser, precisamente, para reforzar sus manifestaciones, jamás para restringirlo: pero el gobierno de Sánchez le ha cogido el gusto a restringir derechos y la presunción de inocencia es uno de los afectados. 

Último apunte, porque parece que la ley trans y la del solo sí es sí no procedan del mismo ministerio: es más, la propia ley se contradice, y es que habla de hombres y mujeres para referirse a la violencia contra éstas, y sin embargo define la noción de identidad sexual o de género de la siguiente manera: «vivencia interna e individual del sexo y/o el género tal y como cada persona lo vive y lo autodetermina, sin que deba ser definida por terceras personas».

Algo que deslegitima totalmente el resto del texto legislativo, un texto legislativo en el que el objeto principal es defender a la mujer, pudiendo serlo cualquiera.