Montero y la obligación de abortar

Los Colegios de Médicos se rebelan contra la obligación de practicar el aborto

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El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos cree que «dificultar la objeción de conciencia» del personal sanitario en la práctica del aborto es «inaceptable, ilegal e injusta», en respuesta a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La futura ley del aborto persigue que cualquier mujer pueda interrumpir su embarazo en un hospital público y, para ello, Irene Montero considera «imprescindible» limitar  la objeción de conciencia de los sanitarios porque  según la radical política «ese derecho no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo».

Sin embargo, son muchos médicos y profesionales de la salud los que, frente a dicho argumento, señalan que el conflicto jurídico real se produce entre la voluntad de la mujer de terminar con una vida de la que es portadora y el derecho del ser vivo que ya está concebido a nacer. Y es en ese conflicto donde entra la objeción de conciencia de quienes se resisten a terminar con la vida de un ser humano por voluntad de otro, aunque sea su madre.

La objeción de conciencia -explica- es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica va en contra de sus convicciones y creencias, y la garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible, «trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos».

En el conflicto de los bienes jurídico a proteger, los Colegios Oficiales de Médicos se decantan por el derecho a la vida, que comienza en el momento de la concepción. De esa convicción científica surge el derecho a la objeción de conciencia.