Los demócratas contra la Constitución ¿Qué quedará de los EE.UU.? Por Pedro Gomez de la Serna

Constitution of America, We the People with American flag.
|

Por Pedro Gómez de la Serna

El pasado 19 de agosto el New York Times publicó un editorial -traducido al español por este digital- que puede marcar un antes y un después en la historia política de la democracia en América y someter a los EE.UU. a un proceso de desfiguración nacional.

El editorial viene a concluir que, como quiera que la Constitución establece límites al poder de los demócratas e impide el desarrollo último de sus máximas ideológicas, debe ser superada. En otras palabras, el periódico de cabecera del partido demócrata incurre, mutatis mutandis, en el mismo error en que incurrieron los políticos españoles  del siglo XIX: reivindicar las Constituciones de partido.

Horadar el prestigio político de la Constitución es siempre una práctica de alto riesgo, máxime cuando además se cuestiona la institucionalidad del régimen político y se arremete contra el Tribunal Supremo, percibido no ya como garante de la democracia constitucional sino como órgano reaccionario que vulnera derechos fundamentales.

Además, en el actual contexto internacional (guerra de Rusia, crisis con China, inestabilidad de Oriente Medio, problema otra vez de los Balcanes), no parece prudente que el país más poderoso de la tierra, que se está jugando su rol en el nuevo orden mundial, se distraiga ahora con la revolución constitucional. Ya se sabe: en tiempos de tribulación, no hacer mudanza.

Pero el texto del NYT merece al menos cinco consideraciones críticas más.

En primer lugar, el editorial redactado en Manhattan afecta a la esencia de la nación norteamericana. A diferencia de lo que ocurre en las viejas naciones históricas, como España, Francia, Inglaterra, Suecia o Portugal, la Constitución de los EE.UU. tiene un carácter claramente fundante de la nación. El célebre We the People es la expresión más nítida de que esa Constitución es, no solo una Carta Magna, no solo una Ley de Leyes, sino el documento fundacional de la nación. Si en algún lugar del mundo tiene sentido el patriotismo constitucional es en los Estados Unidos. Menoscabar el prestigio de la Constitución afecta inevitablemente al de la nación y a la democracia en América.

En segundo lugar, debe recordarse que la Constitución norteamericana no contiene en su propio texto declaración alguna de derechos (éstos se encuentran en el Bill of Rights y en las célebres Diez primeras Enmiendas). En consecuencia, cuando se reprocha a la Constitución norteamericana su «insensibilidad» frente a pretendidos derechos (como el aborto), no se está diciendo toda la verdad. Y cuando se pone como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Roe vs. Wade se está faltando al rigor constitucional porque en ella el Tribunal Supremo no entra a cuestionar la consideración del aborto como derecho fundamental (o como crimen), sino a señalar que la competencia de su regulación corresponde a los Estados miembros de la Federación. Perder de vista que el Estado Federal surge de la voluntad de unión de los Estados Federados y que éstos conservan un poder residual (lo que la Constitución no atribuye a la Federación es competencia de los Estados miembros, Décima Enmienda) es un grave error y contraviene la naturaleza de la nación norteamericana. La tesis del NYT conduciría a la deconstrucción de la Federación y de la propia lógica constitucional del Estado Federal.

En tercer lugar, el texto incurre en un suerte de revisionismo de la división de poderes, clave de bóveda del sistema norteamericano. No solo por el ataque a la independencia del Tribunal Supremo, que al parecer debería estar más atento a la agenda progresista que al ordenamiento jurídico constitucional, sino porque, al querer obviar el poder regulador de los Estados miembros -peligrosos agentes de oscuras fuerzas reaccionarias, según parece- está promoviendo una operación de concentración y de absolutización del poder. La división de poderes no es solo horizontal (legislativo, ejecutivo, judicial), que en EE.UU está garantizada mediante el sistema presidencialista, sino también vertical, es decir, territorial, de tal manera que el muy poderoso gobierno de los Estados Unidos no solo está controlado por el poder legislativo y el judicial sino que además está limitado competencialmente por los Estados miembros. Por lo tanto, querer derribar la Constitución para poder detraer competencias de los Estados en favor de la Federación esconde una indudable operación de concentración de poder: que el gobierno de la Casa Blanca pueda hacer lo que constitucionalmente no puede hacer y regular lo que le está vedado regular. En definitiva: Menos Constitución, menos poder de los Estados miembros y menos Tribunal Supremo. Al parecer, la agenda progresista incluye un proceso de absolutización del poder.

En cuarto lugar, no se puede hacer abandono de las libertades civiles y políticas de los norteamericanos y sacrificar derechos en el altar de una especie de uso alternativo del Derecho Constitucional, de tal manera que cada operador jurídico y político pueda (y sobre todo deba) interpretar «por sí mismo» el sistema político constitucional de acuerdo con la agenda ideológica progresista. ¿Donde quedan la certeza o la seguridad jurídicas?

En quinto lugar, el centro-izquierda norteamericano se ha entregado irresponsablemente a la ideología del llamado marxismo cultural. El partido demócrata se parece cada vez más -porque se aproxima cada vez más- a los partidos de la izquierda argentina, chilena, colombiana etc, que siempre fueron -qué curioso- fervorosamente antiamericanos. No deja de ser casual que el eje de la campaña de Boris, de Petro, de Castillo, haya sido la ruptura constitucional: es decir, terminar con el acuerdo nacional de convivencia, acabar con el pacto, romper la sociedad. Exactamente lo que ahora viene a proponer el NYT adelantando quizás la estrategia de campaña del partido demócrata.

En definitiva, se trata de una pura y simple (pero suicida) operación de poder: si la Constitución no se pone al servicio de nuestra ideología, entonces tenemos que derribar la Constitución, aunque con ello se rompa con la propia fundación de la nación, se debilite el Estado Federal, se vaya a un proceso de absolutización y concentración del poder, se pongan en riesgo las libertades civiles y políticas o se someta la democracia más solida del planeta a una especie de latinoamericanización institucional.

Al parecer, el nuevo orden mundial ya no quiere saber nada de Constituciones, es decir, de pactos, ni de instituciones, es decir, de límites. Pero sin ellos, ¿qué quedará de los Estados Unidos?