Desde que el Tribunal Supremo de los EEUU derogó la doctrina Roe vs Wade y el aborto dejó de ser considerado como un derecho constitucional en norteamérica, Emmanuel Macron y los movimientos y agencias malthusianas del orden global -empeñadas en el control de la población- desplegaron una nueva agenda internacional en favor del derecho a aborto.
Ya en Julio de 2022 el Parlamento Europeo, a iniciativa de Francia, aprobó una resolución para incluir el aborto como derecho en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Foro Davos ha incidido sobre la misma cuestión.
Emmanuel Macron quiere situarse a toda costa al frente del movimiento y se ha propuesto como objetivo político contrabalancear el nuevo rumbo por la vida iniciado en los EE.UU y situar a Francia como primer país del mundo cuya Constitución incorpora el aborto como derecho fundamental.
De esa manera, no solo se sitúa a la cabeza del globalismo pro abortista sino que lidera en esa materia la Unión Europa, cuyo Parlamento, como se ha dicho, ya aprobó una resolución en julio de 2022 para que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión lo incorporara.
Ahora, Emmanuel Macron ha dado un paso más y ha anunciado que «en los próximos meses» su Gobierno presentará un proyecto de ley para reformar la Constitución e incluir el derecho al aborto.
Macron ha defendido que la Carta Magna contemple «la libertad de la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo», de tal manera que nadie pueda tocar un derecho que sería «irreversible». Las palabras utilizadas, «derecho» y «libertad», como veremos, no son baladíes.
El presidente galo ha mostrado su decisión de apostar constitucionalmente por este derecho durante un homenaje a la abogada feminista Gisèle Halimi, y coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
A tal efecto, Macron ya anunciado que recurrirá a la argucia jurídica de reformar la Constitución sin someter dicha reforma a referéndum, que teme perder. ¿Cómo hacerlo?
Según el ordenamiento jurídico francés, las reformas constitucionales requieren de la aprobación de ambas Cámaras, Senado y Asamblea Nacional, por mayoría de 3/5, y solo el sometimiento posterior a referéndum de la reforma en el caso de que la misma haya sido impulsada por los grupos parlamentarios, es decir, en el caso de que se trate de una proposición de ley.
Cuando se trate de una proposición del ley, pues, la reforma debe ser aprobada por ambas Cámaras en sesión conjunta y después ser sometida a referéndum. Esa es la vía iniciada en el mes de enero por el Senado francés, que Macrón quiere eludir. Dicha proposición del ley no conceptúa además el aborto como «derecho fundamental» sino como «libertad». En el caso de que dicho texto se impusiera, debería ser aprobado, como ya se ha dicho, también por la Asamblea Nacional, en sesión conjunta, para ser posteriormente sometido al veredicto de la consulta nacional a los franceses.
Por otro lado, La Asamblea Nacional está tramitando otra proposición de ley que, con mayor radicalidad aún, considera al aborto como derecho fundamental y respecto de la que el acuerdo con los grupos del centro-derecha parece inviable, por lo que nunca alcanzaría las mayorías reforzadas requeridas en ambas Cámaras.
En consecuencia, el único camino que le queda a Macron es, por un lado, considerar el aborto como «libertad», pues solo de esa manera el centro-derecha de ambas Cámaras, en sesión conjunta y extraordinaria, podría apoyar el texto. En el Elíseo se elude ya la utilización del término «derecho», aunque la constitucionalidad de la «libertad de abortar» implique el mismo blindaje jurídico de los derechos fundamentales.
Pero para evitar el referéndum, necesita, además, por otro lado, que el texto sea iniciativa del propio gobierno, es decir, que se trate de un proyecto de ley. Si es el Gobierno quien asume la iniciativa, la convocatoria de dicha consulta ciudadana ya no sería obligatoria, de tal manera que bastaría con que respaldaran el proyecto de ley tres quintas partes de los integrantes de las dos cámaras del Parlamento.
Macron está intentando, pues, someter la reforma de la Constitución a una cierta ingeniería jurídica para evitar a toda costa validar la consideración del aborto como derecho en un referéndum, con el riesgo cierto de perderlo.
En definitiva, se trata de un inmenso fraude constitucional: por un lado, evitar la calificación del aborto con el término de «derecho» pero confiriéndole su misma protección constitucional, y por otro evitar que el pueblo de Francia se pronuncie al respecto.
El centro-derecha galo debería reflexionar no solo sobre el valor de la vida sino además sobre el daño constitucional a la República.