Maduro cometió más de 500 ejecuciones extrajudiciales en 2020

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La oposición venezolana presentó este lunes un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela  durante 2020. Dicho informe denuncia que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo del régimen de Maduro cuya disolución ha pedido la ONU, cometió más de 500 ejecuciones extrajudiciales a lo largo del año pasado.

El informe, ha sido elaborado por la Comisión para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por el presidente interino Juan Guaidó, e indica que pudo confirmar “estadísticas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES equivalente 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas”.

Esto se suma a las más de 2.500 registradas a nivel nacional por la señora Michelle Bachelet desde la oficina de la alta comisionada (de la ONU para los Derechos Humanos). Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana”.

Los investigadores han observado “que las víctimas arbitrariamente ejecutadas en el año 2020 fueron en su totalidad hombres jóvenes, generalmente no mayores de 50 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos y habitantes de zonas populares con altas tasas de delincuencia”.

«Todas las ejecuciones extrajudiciales fueron justificadas en las versiones oficiales asegurando que las muertes se produjeron en el contexto de presuntos ‘enfrentamientos con antisociales’ o de ‘resistencia a la autoridad’”.

También documentaron 232 “detenciones arbitrarias identificadas” en el 2020, además de tener “noticias” de otros 106 casos de personas que también habrían sido arrestadas. “No obstante, estas últimas se han excluido del conteo total debido a que no pudieron ser plenamente identificadas”.

De ellos, 134 eran miembros de la sociedad civil, 42 trabajadores de la prensa, 23 profesionales de la salud, 14 defensores de derechos humanos, 11 miembros del equipo de Guaidó “y personas cercanas”, cuatro diputados y dirigentes políticos y cuatro agentes estatales.

En esta práctica criminal habrían participado “diversos cuerpos de seguridad del Estado, frecuentemente adscritos” a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las FAES. “Es importante resaltar que un alto número de detenciones arbitrarias fueron cometidas en contextos de manifestaciones pacíficas”.

En su informe sobre la crisis venezolana, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, había pedido la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales, consideradas por Estados Unidos como grupo terrorista.