La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido el trabajo de la Abogacía del Estado que alegó que el proceso debía paralizarse al haberse planteado una cuestión prejudicial ante la justicia europea.
«Lógicamente la Abogacía defiende los intereses del Estado», ha dicho a los periodistas antes de participar en la entrega de premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).
El PP ha criticado la actuación de la Abogacía del Estado, encuadrada en el Ministerio de Justicia, y ha vinculado la decisión de la justicia italiana de suspender la entrega de Puigdemont a la actitud del Gobierno, que indultó a los condenados por el «procés» y tiene como socios a los partidos independentistas.
Llop ha insistido en que el Gobierno «respeta absolutamente la buena marcha, los tiempos, los cursos, los procedimientos de la Justicia» y sus resoluciones, tanto las del magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena, que reclamó la extradición, como la del Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña), que paralizó la entrega a la espera de que los tribunales europeos se pronuncien.
La ministra ha rechazado por ello comentar la decisión de la justicia italiana y ha insistido en que solo cabe «esperar» a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responda a la cuestión prejudicial planteada por Llarena sobre el alcance de las euroórdenes.
Según Llop, la Abogacía presentó sus alegaciones en el procedimiento «en el sentido de la doctrina del Tribunal General; que cuando hay una cuestión prejudicial se suspende el proceimjiento»