Presión sobre el T. de Cuentas

Moncloa amenaza al PP con reformar el T. Cuentas si no se aviene a pactar

EFE/J.J. Guillén
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El Gobierno ha exigido este martes al PP que ponga fin a su actitud  de «boicotear» la renovación de los órganos constitucionales y no ha descartado estudiar alguna reforma en relación con el Tribunal de Cuentas si no se eligen sus nuevos vocales.
La decisión del PSOE no pude desvincularse del momento en que el secesionismo catalán está exigiendo al gobierno que la abogacía del estado se retire del caso Diplocat para abortar el consiguiente  embargo de bienes de los dirigentes como Junqueras, Puigdemont y Artur Mas. Máxime cuando la resolución en dicha cuestión corresponde a la vocal y ex ministra del PP Margarita Mariscal de Gante.

Fuentes del Tribunal de Cuentas advierten que la amenaza de reformar la ley del tribunal podría perseguir dos objetivos: por un lado, forzar a la vocal designada por el PP a doblegarse a los intereses de los separatistas, y por otro lado, en caso de no hacerlo, alterar las mayorías necesarias para el nombramiento de sus miembros, facilitando el control del PSOE sobre el órgano constitucional.

«Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posibilidad de plantear algún cambio normativo sobre el órgano fiscalizador.

Según Montero, el plazo de los actuales vocales del Tribunal de Cuentas concluye el 23 de julio, por lo que ha considerado pertinente «esperar a ese momento» para ver si el PP se aviene a renovar a sus doce vocales, de los que seis corresponde al Congreso y seis al Senado.

Al igual que con otros órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas requiere mayoría reforzada, por lo que es preciso el pacto entre PSOE y PP.

La reforma legal sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ planteada ahora por el gobierno buscaría evitar la mayoría reforzada.

No obstante, Montero ha puntualizado que su renovación «no va a alterar las investigaciones» que el tribunal tiene en curso, como la relativa a los dirigentes del «procés», a los que reclama 5,4 millones de euros por organizar el referéndum ilegal.La ministra de Hacienda ha manifestado que el Gobierno no se pronuncia sobre la reclamación de los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas como Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras por malversar fondos públicos para el «procés».