Moncloa envío ayer un requerimiento a Castilla y León para que no aplique su plan de fomento de la natalidad
El Gobierno envió ayer un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León exigiéndole que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto al aborto y le amenazó con tomar tomar acciones legales.
Tal y como adelantó este periódico, la amenaza no se refería a la implantación de un 155 sanitario en Castilla y León, sino en la puesta en marcha de un recurso apenas utilizado en la historia de nuestro régimen constitucional, como es el llamado «conflicto constitucional de competencias» mediante el que -en este caso- el Estado le discute a una CCAA (ahora, la de Castilla y León) la titularidad de una determinada competencia ante el Tribunal Constitucional.
Dichos «conflictos de competencias» pueden ser de dos tipos: positivos (cuando el Estado reclama de la Comunidad una competencia) o negativo (cuando el Estado le exige a una Comunidad que ejerza la competencia que le concede su Estatuto de Autonomía, de la que está haciendo dejación).
Lo que hizo el gobierno de Pedro Sanchez ayer fue iniciar un procedimiento que culminará en el conflicto de competencias positivo.
Moncloa aprobarán hoy en Consejo de Ministros un requerimiento de incompetencia, paso previo al conflicto de competencias
Los conflictos positivos de competencia oponen al Estado con una o más Comunidades Autónomas o a dos o más Comunidades Autónomas entre sí. El Gobierno central o los gobiernos de las Comunidades Autónomas pueden promoverlos cuando consideren que una disposición, resolución o acto sin valor de ley de una Comunidad Autónoma o del Estado, o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos, no respeta el orden constitucional de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las leyes orgánicas dictadas para delimitar las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
El Gobierno puede formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencia o hacer uso del previo requerimiento de incompetencia a la Comunidad Autónoma para que derogue o anule el acto o disposición que considera que vulnera las competencias estatales. Ese es el sentido del requerimiento que aprobará hoy el Consejo de Ministros.
El plazo para formalizar directamente el conflicto o hacer uso del requerimiento de incompetencia es el de dos meses desde la publicación o comunicación del acto o disposición viciado de incompetencia. En el caso de que la Comunidad Autónoma requerida (en este caso, Castilla y león) no atienda el requerimiento de incompetencia en el plazo de un mes, el Gobierno dispone del plazo de un mes, a contar desde la notificación del rechazo del requerimiento o desde el término del plazo del que dispone la Comunidad Autónoma requerida para contestarlo, para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del requerimiento de incompetencia y alegando los fundamentos jurídicos en los que sustenta su pretensión.
¿De que competencia se trata? Medidas de fomento de la natalidad de Castilla y León
El debate jurídico-constitucional se centrará en torno a qué competencia está ejerciendo el gobierno de Castilla y León al aprobar las nuevas medidas, es decir, si la Comunidad está invadiendo la competencia estatal por regular, supuestamente, el aborto, o si se está limitando a enriquecer, en ejercicio de la competencia de sanidad que estatutariamente le corresponde, la actuación del sistema de salud facilitando a la mujer embarazada un plus de información.
Las medidas adoptadas por la Junta implican que los ginecólogos faciliten asistencia psicológica a las mujeres embarazadas que se planteen abortar, la posibilidad de escuchar el latido del bebé entre las semanas sexta y novena e incorporar las ecografías 4D, que se hacen en la última etapa de la gestación, a la cartera de servicios.
Posición de Moncloa
Moncloa amenaza con que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición (referencia implícita al conflicto positivo de competencias ante el TC) para defender el «derecho» de las mujeres a «interrumpir voluntariamente el embarazo» en los términos establecidos en la normativa vigente.
Sin embargo, el aborto no está reconocido como un derecho fundamental en la Constitución española, que sí protege y reconoce el derecho el derecho a la vida. La Constitución vincula a todos los poderes público. En ese marco, la competencia autonómica no estaría regulando el aborto sino implementando sus servicios sanitarios en favor de es protección de la vida.
Que la cuestión no es tan sencilla lo prueba el hecho de que el requerimiento remito ayer no especificaba qué concreta competencia estatal podría estar vulnerando la Comunidad Autónoma. Eso es lo que tendrá que decidir hoy el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Sanidad se limitaba ayer a requerir a la Consejería de Sanidad de Castilla y León que «se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción voluntaria del embarazo».
¿Vulnera o menoscaba el protocolo de Castilla y León dicha práctica o la hace más informada y libre?
El requerimiento de ayer cita en concreto la ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo, y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre interrupción voluntaria del embarazo, y con toda seguridad el requerimiento que apruebe hoy irá en esa línea.
Sostiene Moncloa que esas nuevas acciones se pondrán en marcha dado que, en su opinión, la aplicación de las medidas anunciadas podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales (el aborto no lo es) y también suponer una extralimitación de las competencias que corresponden a esas comunidad.
La postura de la Junta
La respuesta del Ejecutivo regional en el día de ayer consistió en subrayar que no descarta implementar «acciones judiciales» ante unos requerimientos «vulneradores de su autonomía y sus competencias». En ese sentido, adviertió que velará «por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias» y que van encaminadas a «fomentar la natalidad».
Es decir, antes que limitar la regulación del aborto, lo que hace la Junta es ofrecer a la mujer que está pensando en someterse a dicha práctica, información completa sobre el estado y evolución del no nacido para que fuera formarse una voluntad plenamente informada.
En un comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre «sobre tres premisas». «En primer lugar, el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios».
En este sentido, el Ejecutivo autonómico «garantizará la libertad y voluntariedad» para las mujeres embarazadas que lo requieran y, «por supuesto», se asegurará la aplicación bajo el «estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas».
La Junta advierte de que utilizará «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente». «La Junta velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias», ha ahondado, en referencia a dotar a la majare embarazada de un información integral.
Ante esta situación, el Gobierno autonómico señala que «estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad».
Por este motivo, la Consejería de Sanidad adelantó que enviaría ayer lunes la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial donde solicitará al Gobierno de España «abstenerse» de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma «vulneradores de su autonomía y sus competencias», recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, «al simple amparo de noticias en medios de comunicación». «Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia«.
Además, ha recordado que la Comunidad tiene «plena autonomía» para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca «mejoras» en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas «y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario».
También ha hecho hincapié en que las obligaciones de colaboración interadministrativa «están establecidas normativamente y se efectúan adecuadamente a través de los órganos sectoriales de coordinación establecidos, por lo que ninguna obligación específica existe de que esta Comunidad, en el legítimo ejercicio de sus competencias, comunique de manera inmediata a los Ministerios los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que ejerza sus debidas competencias».
«En caso de que con esta comunicación y, en su caso, el requerimiento que mañana pueda efectuarse, no sea atendido íntegra e inmediatamente por el Gobierno de España, la Junta no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las acciones anunciadas por el Gobierno de España pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico», añade.
Además, la Junta estudiará si es necesario ejercer «otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma»
Decidirá el Tribunal Constitucional dominado por la izquierda
Si Moncloa sigue adelante con la estrategia, al final tendrá que decidir el Tribunal Constitucional, ya dominado completamente por los magistrados de izquierdas. Será probablemente uno de las primeras resoluciones del órgano presidido por Conde-Pumpido, de clara filiación socialista. Y quizás aproveche su pronunciamiento para ir deslizando «interpretativamente» la consideración del aborto como derecho. El Tribunal lleva 12 años sin pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto, planteado en su día por el PP. Una mayoría conservadora se arredró a la hora de resolver. Ahora, este tribunal dominado por la izquierda ¿se atreverá a resolver una de las cuestiones esenciales aprovechando (nunca mejor dicho) que «el Pisuerga pasa por Valladolid?