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EL PROBLEMA ES VENEZUELA Y CUBA

Chile y la gran mentira. Una carta de Baltasar Garzón

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En estos momentos nada de lo que está ocurriendo en Chile es lo que parece. La maquinaria de la prensa progresista internacional se ha puesto en marcha. El Foro de Sao Paulo, la internacional de la izquierda radical populista iberoamericana, ha decidido desestabilizar la región y, en un último intento por asaltar el poder, alterar la paz y el progreso de los países de la zona. Venezuela y Cuba se resisten a perder la partida de Historia. Han puesto en marcha una verdadera revolución continental con una estrategia perfectamente diseñada. Vivimos una vuelta a la versión más visceral y menos racional de las ideologías, es decir un regreso a la violencia política ciega, sin sentido, de las revoluciones (se desconoce por qué a la opinión pública no le aterra la palabra revolución, siendo, como es, la mayor fuente de sufrimiento humano, derramamiento de sangre, violación de derechos y abusos de autoridad de la historia). Lo que se está poniendo en marcha es una nueva revolución global en los países no gobernados por la izquierda.  Hemos pasado de Ecuador a Chile y se está intentando reproducir ese proceso en Colombia.

El argumento de la izquierda para justificar las revueltas revolucionarias de Chile es claro: las élites liberales de la escuela de Firedman han llevado a una enorme desigualdad social y hay grandes franjas de población excluida del sistema; la Constitución chilena fue impuesta bajo la tutela de Pinochet y carece de legitimidad, y aunque después haya sido democráticamente reformada y popularmente validad en varias ocasiones, es un detritus liberal que no está a la altura del estado social; el poder es violento y las manifestaciones son protestas juveniles espontáneas y libres; Piñera debe dimitir y dejar que el país sea reformado (casualmente, en caso de dimisión presidencial la Constitución chilena prevé que el mando sea asumido por el presidente del Senado, en este caso una mujer de izquierda radical). 

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Estos días, Baltasar Garzón enviaba una carta abierta al presidente Piñera en esos términos; una carta bastante simbólica del mensaje mediático puesto en marcha por la internacional de la izquierda para que los bienpensantes del centro y de la derecha europeos no se resistan demasiado al diagnóstico, que toma forma de denuncia. 

La carta que comienza diciendo “Soy Baltasar Garzón”, haciendo clara enseña de sí mismo, y en la que presume de haber sido el juez que detuvo a Pinochet. Desde esa atalaya, vuelve a impartir su peculiar justicierismo ideológico. Hablaba el ex juez como causa de la crisis, de “una ira acumulada (por el pueblo) durante casi treinta años.” Teniendo en cuenta que Pinochet dejó el poder en 1990, ese proceso de acumulación habría comenzado al día siguiente de su marcha ¿Es la democracia chilena lo que irrita a los sublevados? El subconsciente no le ha dejado mentir a Baltasar Garzón. Sí, es evidente que lo que lleva 30 años irritando a la izquierda radical mundial es que Chile lleve, con sus problemas lógicos, con sus injusticias, con las desigualdades que deben corregirse, treinta años de éxito democrático y económico al margen del populismo latinoamericano. Es decir, la cuestión de fondo es que Chile, como contra-modelo de Cuba y Venezuela, debe ser demolido antes de que el hundimiento de estas dos naciones elimine para siempre cualquier posibilidad de éxito la izquierda en el continente americano. La partida que se está jugando no es solamente en Chile, es en todo el continente. En Ecuador  han intentado derribar al presidente mediante la desestabilización y la revuelta, aunque por el momento no han conseguido sus propósitos. En todo caso, el país ha quedado sumido en la zozobra y ya cualquier entendimiento entre adversarios políticos es imposible. Pareciera que cuando la izquierda pierde democráticamente el poder monta una revolución violenta para recuperarlo, como hizo el partido socialista en la España de triste recuerdo de 1934.

Sigamos con la carta. En ella responsabiliza al presidente Piñera de que Chile padezca niveles inaceptables de desigualdad. Sin entrar a discutir ahora la cuestión (volveremos después sobre las cifras sociales y económicas chilenas), lo primero que debemos aclarar al ex juez es que cuando en 2010 Piñera gana las elecciones se convierte en el primer presidente de centro-derecha de los últimos  52 años. Debe recordarse también que entre 1990 (cuando se empieza a “acumular” la ira del descontento de 30 años) y 2010, Chile estuvo siempre presidido por los llamados gobiernos de la Concertación, una coalición de partidos de izquierda o de centro izquierda. No en vano, entre 2010 y 2013 fueron la gran oposición a Piñera. Y debe decirse que entre 2013 y 2018 Chile estuvo gobernado por la socialista Michelle Bachelet. Así las cosas, es groseramente manipulador culpar solo a Piñera de la desigualdad social en Chile, donde la izquierda ha venido cogobernando 24 de los 30 últimos años. Si el desarrollo del país ha beneficiado, como denuncia Garzón, únicamente a una reducida élite política y empresarial, será porque así lo han querido todos los gobiernos desde 1990 hasta hoy, sobre todo los que más tiempo han gobernado.

Para poder juzgar con un mínimo de honestidad intelectual la evolución socioeconómica de Chile en relación con las críticas que llegan justamente ahora –no cuando Bachelet- desde la izquierda latinoamericana y respaldan las revueltas, deben adoptarse dos puntos de vista: un marco suficiente de años, y la comparativa con los modelos económicos alternativos, esos desde cuyos aparatos se opera la deslegitimación política del régimen por razones económicas. Pongamos Chile a un lado y al otro Venezuela y Cuba, de otro, y veamos (en este punto, el lector de la izquierda dogmática dará un salto adelante, libro rojo en mano, y pasará por encima de los siguientes párrafos).

En 1958 el producto interno bruto (PIB) de Cuba fue de 2.360 millones de dólares para una población de 6.631.000 habitantes y un PIB per cápita de 356 dólares. El PIB de Chile fue ese mismo años de 2.580 millones para una población de 7.165.000 habitantes y un PIB per cápita de 360 dólares. Cuba y Chile se encontraban en vísperas del establecimiento de la dictadura en Cuba en los mismos niveles de desarrollo.

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En el año 2000, cuarenta años después de comunismo en Cuba y abandonada ya el régimen de Pinochet en Chile, los valores fueron los siguientes: el PIB cubano fue de 19.200 millones de dólares; el de Chile fue de 153.100 millones de dólares; la población de Cuba se había estancado en los 11 millones de habitantes, mientras que Chile alcanzaba los 15.160.000 y el PIB per cápita de Cuba fue de 1.700 dólares, mientras que el de Chile alcanzó los 10.100 dólares. Ya en 2013 el Gobierno de Piñera alcanzó un PIB per cápita de 20.000 dólares. 

En decir, después de esos 30 años de ira contenida de los que habla Garzón, Chile esta en el primer mundo mientras Cuba estaba en el tercero. Cuba se encuentra en el último lugar del desarrollo de las naciones latinoamericanos, compartiendo ese lugar con Haití.

Vayamos con Venezuela y Chile. Dos países latinoamericanos en las antípodas del desarrollo. Uno con un modelo inspirado en las ideas de Milton Friedman, el otro con políticas que no hace mucho eran alabadas por Joseph Stiglitz. Uno es una historia de éxito, el otro sufre una de las crisis humanitarias más agudas jamás vistas en el hemisferio occidental.

Según el FMI  Chile será el primer país de Sudamérica en alcanzar los 30.000 dólares per cápita en el 2022. En 2023 el ingreso per cápita de Venezuela se habrá contraído en un 60% con respecto al 2013. La diferencia abismal en la suerte de ambas naciones no tiene otra explicación que la naturaleza de las políticas económicas que han implementado en las últimas décadas y que han sido documentadas por el índice de Libertad Económica en el Mundo que publica el Fraser Institute de Canadá. Sin embargo, en 1975 Venezuela era la economía más libre de la región y Chile era una de las más cerradas del planeta. Venezuela era el país más rico de Sudamérica y una saludable democracia en una región plagada de dictaduras militares. En 1975, Chile seguía sufriendo las consecuencias de las políticas marxistas de Allende: la inflación era del 380%, había un brutal desempleo y la mitad de la población estaba sumergida en la pobreza. Hoy Chile no es solo el país más rico de la región, sino también su democracia más sólida.

Chile es el único país de Sudamérica que con el pasar de los años ha podido bajar el coste de los servicios públicos con respecto al salario mínimo. Valgan dos ejemplos: en 2011, la cesta básica de la compra representaba el 19% del salario mínimo. En este momento, representa sólo el 14%. Las tarifas de agua potable son un servicio público que arrojan un dato interesante. En Santiago, en 2011, el m3 de agua potable costaba US$ 1,39 aproximadamente. Ahora, en 2019, el precio del m3 ronda los US$ 1,45. Un aumento del 4,3% mientras el salario mínimo aumentó un 75% en el mismo período. Todos los indicadores muestran que la evolución de Chile ha ido en ascenso durante los últimos 30 años. 

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El coeficiente Gini, que mide la desigualdad de renta, ha caído de 0,56 a 0,46 puntos entre finales de los 80 y la actualidad (España está en un 0,34), lo cual sitúa a Chile como uno de los países americanos con menor desigualdad social.

El crecimiento se ha triplicado en las tres últimas décadas, avanzando a un promedio anual del 3,7% anual y haciendo de Chile el país que más crece de la región. El PIB per cápita ha pasado en 40 años de 4.000 a 28.000 dólares y la pobreza ha caído espectacularmente del 53% a 6%. Nunca en la historia de Chile hubo un porcentaje tan bajo de pobreza. Un reciente estudio de la Harvard Kennedy School of Government, señala que los ingresos del 10% más pobre de Chile han subido un 439% desde 1990, mientras que las rentas del 10% que más gana se aumentaron un 208%.

En cuanto a la movilidad social, un 23% de su población ha pasado de formar parte del 25% más pobre al 25% más rico. Lo cual significa que el ascensor social en Chile es muy significativo.

Naturalmente, pese a ese crecimiento existen graves desigualdades, pero una cosa es  corregir esas desigualdades, introducir reformas, hacer políticas sociales, intervenir en la economía para corregir injusticias (tarea moralmente inaplazable y políticamente urgente) y otra es querer sustituir un régimen político democrático de libertad y de éxito económico por regímenes tiránicos acorralados por la pobreza, la persecución y la vulneración sistemática de derechos y libertades.   

Volvamos a Garzón. Desde su confortable despacho de Madrid, continúa su artículo. Afirma que la Constitución chilena se redactó mientras los agentes de Pinochet se dedicaban a torturar y matar. Que un jurista despache de semejante plumazo a una constitución democrática, que garantiza la división de poderes, la independencia judicial, los derechos y libertades de los chilenos, solo puede deberse a cierta una ceguera voluntaria, ya sea esta de origen económico (los intereses creados) o ideológico (los prejuicios dogmáticos). Chile es parte de todos los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales. Es un Estado perfectamente democrático, cuyos gobiernos son elegidos en elecciones libres (hasta ahora) cada cuatro años, con partidos libres y con los instrumentos de control del poder político de cualquier país democrático. Por lo demás, esa Constitución fue aprobada en referéndum y ha sido reformada nada menos que 18 veces. Nada que ver con la Constitución cubana, o la bolivariana (a lo mejor no importa que el Tribunal Supremo y la Fiscal General venezolanos vivan al completo en el exilio, como sabe Garzón). Esa deslegitimación de la Constitución y del régimen político chileno no es otra cosa que un expediente para la legitimación de la intromisión política que Chile está sufriendo, por impulso del Foro de Sao Paulo, desde Venezuela y Cuba, como si fuera un golpe de estado.

La Organización de Estados Americanos lo ha dicho con toda claridad: las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social. “Brisas bolivarianas” ligadas además fuertemente al narcotráfico, a la corrupción, al asesinato, a la violación de derechos, a las prácticas de desestabilización social y al pago de revueltas, saqueos, disturbios. 

No debe olvidarse que el Foro de Sao Paulo se fijó como objetivo la creación de regímenes bolivarianos en el continente mediante estrategias bien diseñadas en algunos de sus documentos como: financiar partidos, generar redes universitarias y ONGs ideológicamente afines, degradar significados de valores sociales, radicalizar a la juventud en ideas libertarias, generar caos y lucha de clases (ataques a transportes, abastecimientos, servicios básicos), acusación constitucional, asunción del poder por un aliado, cambio de gobierno e implantación del régimen. Su principal propósito es operar como un “aparato unificador” del comunismo en América, a través de la infiltración de universidades, colegios, escuelas, gremios de artistas e intelectuales, academias y otras instituciones. Esa es la guía. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Chile.

Sigamos con la carta de Garzón. De la deslegitimación constitucional del régimen pasa a la descalificación de la práctica totalidad de la clase política, militar e institucional de Chile. Habla de corrupción, sin decir que Chile es el país menos corrupto de Iberoamérica. En el índice de corrupción de Transparencia Internacional de 2018 ocupa el lugar 67 (de 0 a 100, siendo el 1 el país más corrupto y el 100 el menos), mientras que su querida Argentina de los Kirchner está en el lugar 40 y la Venezuela bolivariana en el 18. 

Afirma Garzón que los disturbios chilenos, que obedecen a una estrategia organizada de guerrilla urbana, son espontáneos; que las violaciones de derechos humanos “esta vez” (como si hubiera habido otras anteriores responsabilidad de Piñera) “no quedarán en la impunidad” y que no permitirá “que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado”, de donde pone a Piñera al nivel de Pinochet. La manipulación alcanza un nivel que no merece mayor comentario.

Lo que está sucediendo en Chile, lo que ha ocurrido en Ecuador, no es sino producto de tres cosas: el resurgir de la izquierda montonera latinoamericana avivada por el Foro de Sao Paulo; la crisis de las democracias parlamentarias, que es internacional, y la gran estupidez y egoísmo del mundo del dinero, o sea, del capitalismo, que le ha dado el argumento de la desigualdad a la izquierda. Porque, efectivamente, hay desigualdad, y en ocasiones se hace intolerable, y en lugar de adoptar mecanismos de corrección y de solidaridad social para que el sistema sobreviva con paz, se abaratan salarios, se precarizan contratos y se condena a demasiada gente a vivir en el borde del sistema, a punto siempre de caer, mientras los márgenes productivos son cada vez más grandes. El egoísmo y la estupidez de las élites están creando las condiciones para que vuelvan a entrar en juego lo que Escohotado ha llamado “los enemigos del comercio” (la izquierda radical anticapitalista) y puedan conducir a la humanidad nuevamente al colapso, al hambre, a la esclavitud y a los horrores del comunismo. 

Pero de ahí a decir que Chile es el problema hay un abismo. Es una democracia que garantiza las libertades como ninguna otra en Iberoamérica; ha conseguido el mayor índice desarrollo económico de Hispanoamérica; es el país menos corrupto del continente;  es una país abierto, cosmopolita, culto, bien formado. Respeta los derechos fundamentales tanto como cualquier país europeo. Chile no merece una revolución, y menos creada desde fuera. No merece la carta de Garzón.

Chile tiene problemas, pero Chile no es el problema. 

El problema hoy en Hispanoamérica es Venezuela, es Cuba, es Bolivia. Es el Foro de Sao Paulo. Es su decisión de desestabilizar la región, de aprovechar las grietas para generar el caos y la violencia, de subvencionar levantamientos y de tomar el poder al margen de la democracia. De eso no habla nunca Baltasar Garzón. Tomar el poder destruyendo el sistema democrático, de eso se trata.