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Venezuela y el crimen toman el Comité de Derechos Humanos de la ONU

Una imagen de las protestas contra Maduro. |Reuters, Carlos García Rawlings- Europa Press
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El comunismo internacional actúa siempre igual, y siempre lo ha hecho. Marx despreció los derechos humanos tanto en su vida privada y familiar (déspota con su mujer, iracundo con sus hijos, violento y egoísta con todos, se le suicidaron dos hijas y ni siquiera dejaba sentarse a la mesa al hijo bastardo que tuvo con la criada) como en sus escritos (principalmente, “La cuestión judía”). Desde su punto de vista, se trataba de derechos burgueses al servicio del capital y propios de una clase social. Luego, la revolución rusa se alzó con un mensaje libertador  y terminó generando a lo largo del siglo XX más de cien millones de muertos en todo el mundo, unos de hambre, otros de frío en el destierro siberiano, otros purgados y torturados y otros, los más, directamente asesinados. Para el comunismo el hombre es una especie de detritus de la burguesía capitalista que debe ser sustituido por un nombre de nuevo cuño, reeducado, reconstruido después de su demolición. No sólo Stalin; Lenin, Mao, Pol Pot, Castro, Mengistu, Ceacescu, Maduro, todos los regímenes comunistas que en el mundo han sido han tenido una cosa en común: el exterminio, las purgas, los asesinatos, las torturas, las violaciones brutales y constantes de los derechos humanos, la cercenación de las libertades, la generación de pobreza, el imperio del miedo y la muerte de la igualdad. La destrucción del hombre en nombre de la humanidad. En fin, una veintena de países tiranizados, el recuerdo terrible del Gulag y las hambrunas provocadas. Y, por si fuera poco, una losa conceptual sobre el pensamiento que lo ha tenido preso y sometido, torturado también, durante más de un siglo.

El comunismo viola derechos, roba, asesina, amordaza y purga al tiempo que dice defender los derechos humanos. Luego entra en los organismos de denuncia de dichas violaciones, los ocupa, los controla, los pervierte y los silencia. Se trata de bloquear toda denuncia del comunismo. Y de ocupar todos los resortes de poder, incluso los previstos para controlar y  denunciar los abusos del propio poder. Vigila al vigilante.

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En España, el último gran reducto del comunismo (antes de Podemos) fue ETA. Extorsionó, torturó, secuestró, asesinó y envenenó a la sociedad y la política vascas. Todo ello mientras reivindicaba supuestos derechos, eso sí, colectivos, nunca individuales. 

Todos recordamos, con verdadero escándalo moral y repugnancia, al sanguinario terrorista Josu Ternera en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, aquél trueno.  

También Cuba, régimen torturador, criminal y violador de derechos donde los haya, ha sido parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y tantos otros países.

¿Cómo es posible? 

Es posible porque la izquierda internacional funciona como un solo hombre, independientemente de los crímenes que se cometan en el país candidato. Al fin y al cabo, se trata de uno de los suyos, un comisario político para tapar los crímenes de todos ellos. El apoyo de los Países No Alineados (la izquierda gubernamental internacional presidida por Venezuela) logró finalmente que vencieran los comunistas. Los países africanos y asiáticos aliados de Maduro han ignorado por completo las violaciones de derechos humanos que denuncia, con pruebas irrefutables, en un sólido informe, Michelle Bachelet: allí se documentan miles de ejecuciones sin juicio, torturas de todo tipo y como recurso habitual del régimen, violaciones sexuales como forma de represión política (¿por qué callan el movimiento feminista o la gente del Mee Too?), persecuciones políticas, censura, vulneración de todo tipo de libertades y de derechos civiles, además del derrumbe de los servicios sanitarios y de un exilio de más de cinco millones de venezolanos.

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El informe publicado en el mes de julio por Naciones Unidas es demoledor: las ejecuciones extrajudiciales, las constantes torturas o «tratos inhumanos como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones» han llevado a pedir la supresión de las Fuerzas Especiales de la Policía.

Maduro ha provocado 3,7 millones de desnutridos y 1.557 muertos en los hospitales durante enero y abril de 2019 por la falta de medicinas. El salario mínimo de 7 dólares (¿recuerdan las tres comidas diarias del servil Errejón?) sólo cubre el 4,7% de la cesta básica de la compra. Los periodistas críticos, tildados de «traidores y agentes desestabilizadores», son perseguidos (¿dónde está La Sexta de Roures cubriendo todo esto?). Bachelet destaca además la corrupción y el desvío de recursos indiscriminado. 

Bachelet ha documentado 66 asesinatos durante las protestas de enero a mayo, de las cuales atribuye al menos 52 a fuerzas gubernamentales. Las ejecuciones extrajudiciales son, según el Informe, «sorprendentemente elevadas». En 2018 se registraron 5.287 muertes por «resistencia a la autoridad”. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas murieron por dicha causa, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

El informe, que detalla las detenciones arbitrarias, los malos tratos y las torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, la violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y el uso abusivo y descontrolado de la fuerza durante las manifestaciones, propone  la liberación de los presos políticos, la disolución de las Fuerzas Especiales de la Policía, el cese de la persecución política, el restablecimiento de la independencia judicial y de la imparcialidad del Fiscal General y del Defensor del Pueblo, el desarme de los paramilitares chavistas, el cese de la censura, y el acceso a Internet y las redes sociales, incluidas las páginas web de noticias. (¿Qué dice de todo esto Pablo Iglesias?)

Pues bien, como todo es lo mismo, y no hay nada nuevo bajo el sol, Maduro ha conseguido en ese nido de burócratas entregados a la izquierda internacional que es Naciones Unidas lo que parecía imposible: disputar y ganar a Costa Rica un lugar en el Consejo de Derechos Humanos. Nada han conseguido las denuncias previas de muchas ONGs de derechos humanos. Nada ha importado el demoledor informe publicado por la expresidenta de Chile y ahora alta comisionada de la ONU. Los esfuerzos del continente americano (fundamentalmente, el Grupo de Lima, EEUU y Canadá) para impedirlo han sido insuficientes.

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La candidatura bolivariana superó a la centroamericana por 105 votos a 97, obteniendo así uno de los dos puestos destinados para la región. 

Es decir, más de la mitad de los países del mundo han decidido que el gobierno criminal venezolano tiene méritos suficientes para formar parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es como haber nombrado a un lugarteniente de Hitler juez en Nüremberg.