Nueva derrota de la AEAT en tribunales

Otro fiasco de Hacienda: La justicia absuelve de fraude fiscal al empresario J.Mª Aristrain

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La Audiencia Provincial de Madrid absuelve al empresario de los delitos contra la Hacienda Pública que le achacaban la AEAT, la Fiscalía y la Abogacía del Estado

El empresario guipuzcoano Jose María Aristraín ha sido durante muchos año el objetivo nº 1 de la Agencia Tributaria.La Fiscalía, de consuno con la Abogacía del Estado y la AEAT, lo acusó de uno de los mayores fraudes a Hacienda de la historia, con un supuesto perjuicio a las arcas públicas de 211 millones de euros entre los años 2005 y 2009.

Ahora, sin embargo, más de una década después de los hechos que se le imputaban, la Justicia le ha absuelto y la Hacienda española vuelve a acreditar la arbitrariedad de muchos de los procedimientos que abre a los contribuyentes (la AEAT pierde ante los tribunales de justicia el 60% de los casos). 

El tribunal ha dado la razón a la tesis de su abogado, Ignacio Ayala, al dar por acreditado que Aristrain no residía en España durante esos años y que los intereses de sus negocios no estaban aquí, de tal manera que no debía pagar por tales conceptos a la Hacienda española.

Aristrain, nació en 1955 en Olaberría, está considerado uno de los magnates del acero. Heredó de su padre la mitad de la empresa Aceros Aristrain, y después le compró a su hermana la otra mitad. Según FORBES su fortuna le sitúa como el 27 hombre más rico de España.

La sentencia, fechada este martes, considera que la prueba realizada es «insuficiente» y no permite acreditar que Aristrain «simulara un traslado de su residencia habitual» entre 2005 y 2009.

Hacienda y la fiscalía le atribuían 15 delitos y pedían 64 años de cárcel y 1.190 millones de multa

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para el empresario 64 años de cárcel y 1.190 millones de euros de multa por un supuesto fraude fiscal, no acreditado, de 211 millones entre esos años.

Sin embargo, tras el trámite de las cuestiones previas, la Audiencia Provincial de Madrid declaró prescritos varios delitos por los que se pedían 24 años de prisión y 410 millones de multa.

Durante el juicio, celebrado a finales de 2021 en el que el denominado «magnate del acero» se acogió a su derecho a no declarar, la Fiscalía rebajó a 52 años de cárcel y 185,2 millones de multa su petición para Aristrain.

La Audiencia da por acreditado que no era residente fiscal en España

Según la fiscalía, Aristrain «fingía» vivir en Suiza y creó supuestamente una estructura offshsore para trasladar sus sus acciones en Arcelor Mittal a una sociedad en Holanda y después a Luxemburgo. Todo eso, según el fiscal, con el fin de evadir fraudulentamente el impuesto de sociedades y el IRPF, porque según sostenían la AEAT y la Fiscalía, en realidad vivía en el municipio madrileño de Alcorcón, desde donde ejercía hipotéticamente la gestión de su fortuna.

Su defensa, sin embargo  probó que posee un chalet en Suiza, coches de distinto tipo y un yate, y que además vive allí más de 183 días al año, que es el límite que fija la residencia fiscal.

Además, señala que tras su divorcio, contrajo nupcias en 2009 y que su mujer, Gema Navarro, solicitó también una tarjeta de de residencia Suiza. 

Su hijo sí estudió en Madrid entre 2005 y 2007, pero lo hizo, durante varios meses en un internado y después, en 2007 se marchó a estudiar a Londres.

La Sala atiende los argumentos de la defensa y concluye que de las pruebas realizadas no se puede inferir que el empresario simulara haber trasladado su residencia habitual de España a Suiza, sino todo lo contrario

Tampoco que la dirección efectiva de Corporación JMAC BV, sociedad de Aristrain creada en los Países Bajos en 1998 como tenedora de acciones de Arcelor, ArcelorMittal y ArcelorMittal Steel, «estuviera en España» a pesar de que la Fiscalía sostenía que se creó para acogerse artificiosamente al beneficioso tratamiento fiscal de dicho país. «Es claro, por tanto, que era en Luxemburgo donde se localizaban las fuentes de renta del Sr. Aristrain al ser el país en el que se generaban los beneficios de Arcelor Mittal», dice textualmente la sentencia.

No hay base fáctica para la defraudación tributaria

Por ello, la Sala cree que «pierden toda base fáctica los delitos de defraudación tributaria que fundamentan la acusación».

Es más, «si no ha sido acreditado que fuera residente en España, ni que dirigiera desde Madrid dicha sociedad, no hay motivo parar considerar que estaba obligado a tributar en razón de tales impuestos».

En una sentencia de 240 páginas, la sección segunda  de la Audiencia Provincial recuerda que Aristrain presentó en España, hasta 2006, las declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio, y que más tarde comunicó el cambio de residencia fiscal a Ginebra.

Los magistrados reconocen que «no se ha probado» que el empresario permaneciera en España más de 183 días en 2006, ni tampoco en alguno de los tres años siguientes, una premisa que, de haberse cumplido, lo habría convertido en contribuyente ante la Hacienda española, según las acusaciones.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid hace alusión al peritaje de los funcionarios de la Agencia Tributaria, que durante la vista oral aseguraron que el empresario siderúrgico simuló su residencia y se acogió a un régimen fiscal especial aún sin cumplir con los requisitos. Pero el peritaje no fue concluyente a juicio del tribunal.

La sentencia, que aún puede ser recurrida por las partes ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pone un punto y seguido a una causa que se ha demorado varios años.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid dio por inauguradas las sesiones el 2 de octubre de 2019, pero acordó suspender el juicio para estudiar nueva documentación y decidir si elevaba el caso a la Audiencia Nacional.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se mostraron a favor de la inhibición, que fue, no obstante, rechazada por la Audiencia Nacional por «tardía».

El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo, que en diciembre de 2020 se opuso a la petición de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que declaró órgano competente para enjuiciar los hechos.

Finalmente, el pasado mes de octubre dieron comienzo las sesiones, que terminaron el 26 de noviembre.