EL PNV ha afirmado este martes en relación con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el denominado caso De Miguel que «acata» la resolución, a la vez que ha enfatizado que «no le afecta como partido, ni en su financiación».
El PNV se refiere así a la sentencia del TS, conocida hoy, que ha rebajado ligeramente las condenas impuestas a tres exdirigentes del PNV y un exdirector del Gobierno Vasco, en el mayor proceso por corrupción juzgado en el País Vasco, con penas que van de 5 a 12 años de cárcel, por lo que ninguno de los tres evitará su entrada en prisión.
El principal condenado, con cuyo apellido se ha denominado el proceso, es Alfredo De Miguel, el que fuera número 2 del PNV en Álava y diputado foral, quien ha visto rebajada su condena de 13 años y 3 meses de cárcel a 12 años y 4 meses al absolverle de uno de los cuatro delitos de tráfico de influencias.
El TS mantiene las penas por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación.
En la nota, el PNV también proclama que «cualquier práctica éticamente reprobable, contraria a la vocación de servicio público que debe tener la acción política, está reñida y fuera de la práctica y del ejercicio» de esta formación.
«La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con PNV», según se añade, y mantiene que dichos comportamientos «siempre tendrán a este partido enfrente».
El partido nacionalista también recuerda que, en su día, tanto su actual presidente, Andoni Ortuzar, como el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, pidieron perdón a la sociedad por estos hechos y destaca que «hoy renuevan esa disculpa dirigida al conjunto de la sociedad».
Se hace hincapié, así mismo, en que los condenados entregaron sus carnés del partido hace más de 12 años y durante este tiempo han tenido suspendida cautelarmente su afiliación. Una vez que la sentencia es firme, el PNV incoará el expediente definitivo de expulsión.
También se recalca la «excesiva dilación de este proceso judicial, que se ha extendido durante 13 años, y se reclama «la necesidad de articular procesos más ágiles y garantistas».