Proyecto entre Sánchez y Bildu

Políticos de la Transición denuncian ley de memoria por destruir la concordia entre españoles

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Políticos de la Transición han exigido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez «parar» la tramitación parlamentaria de la ley de Memoria Democrática, ya que intenta «destruir» aquel periodo histórico y atentar contra su «piedra angular», la concordia y la reconciliación nacional.

Durante el seminario «Por la concordia y en defensa de la transición», organizado por la Fundación Transición Política Española en el Congreso, los ponentes han denunciado el pacto suscrito para sacar adelante la ley entre el Ejecutivo y los «herederos de ETA», refiriéndose a EH Bildu, y han reprochado al presidente Pedro Sánchez no haber hecho alusión en el texto legal a las víctimas de la organización terrorista.

«Esta ley trae la división y el enfrentamiento entre los españoles y no se puede consentir», ha defendido el que fuera ministro de la Presidencia por la Unión de Centro Democrático (UCD) Rafael Arias-Salgado durante su intervención, para, a continuación, demandar que esta ley no sea llevada al pleno del Congreso para su aprobación el próximo 14 de julio.

«El terrorismo sí puso en jaque la democracia», ha recordado Arias-Salgado en respuesta a las palabras de la portavoz de Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurúa, quien aseguró que con esta ley se había abierto «un camino para poner en jaque el relato de la Transición».

En la misma línea se ha expresado el exministro del Interior con Adolfo Suárez Rodolfo Martín Villa, que ha tachado de «incalificables» los acuerdos entre Sanchez y Bildu para salvar la ley de memoria, entre los que se encuentra el acuerdo para constituir una comisión inquisistorial, al servicio del relato etarra, centrada el periodo 1978-1983.

Martín Villa se ha preguntado qué le parecería a los políticos víctimas de ETA Ernest Lluc o Gabriel Cisneros el «sinsentido» de esta ley y ha señalado que, si Adolfo Suárez o Santiago Carrillo «estuvieran vivos, esto no hubiera sucedido como está sucediendo».

Por su parte, el exalcalde socialista de ACoruña, Paco Vázquez, ha añadido que esta ley no es mala «solamente» porque venga «avalada por el apoyo de un grupo terrorista», sino porque es la «expresión del totalitarismo».

«Es un paso más en la progresiva desconstitucionalización que lleva sufriendo España en los últimos años», ha criticado.

También ha intervenido en el seminario celebrado en el Congreso de los Diputados, la antigua defensora del pueblo Soledad Becerril, quien ha calificado el proyecto como una «disparatada ley» que saldrá adelante «sin la memoria, sin la verdad y sin la justicia» y ha lamentado que repose «sobre el olvido y la ingratitud».

El que fuera diputado por el PSOE durante la Transición, Pedro Bofill, ha aseverado sentirse «legitimado» para pedir «a mi partido» que se aleje de la posición que está manteniendo porque «nuestros estatutos están en contra de pactar con los violentos» y ha dicho que esta ley pone en tela de juicio la postura del Partido Socialista a favor de la convivencia entre todos los españoles.

Bofill ha asegurado que muchos socialistas le han trasladado que están escandalizados con este acuerdo y les ha instado a denunciarlo porque «lo que está en riesgo es el propio sistema democrático».