¿Qué hay detrás de la polémica en torno a la nueva Ley de Seguridad Nacional?

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Nueva reforma legislativa del Ejecutivo que amenaza derechos, esta vez, la de Seguridad Nacional. Todavía en los inicios de su tramitación, pero ya ha saltado la alarma. 

El gobierno de Pedro Sánchez prepara una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que permitiría movilizar a cualquier mayor de edad o requisar los bienes privados. Tal y como adelantaba el diario El País este fin de semana, toda persona mayor de edad estará obligada, por esta ley, a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en caso de crisis. 

Y ojo a esto último, lo de “crisis”. Porque a falta de amparo constitucional a los estados de excepción encubiertos del estado durante la pandemia, Sánchez ha optado por crear un mecanismo que lo ampare: el del estado de crisis. Ni alarma, ni excepción, ni sitio: no basta con los tres mecanismos constitucionales votados por los españoles y recogidos en el artículo 116 de la Constitución, sino que se crea con esta nueva ley un estado de crisis, que no es más que una situación de interés para la Seguridad Nacional, es decir, lo mismo que ya existe, pero a medida y con vía libre.

La nueva ley recogerá también desde la posibilidad de requisar todo tipo de bienes hasta la intervención y ocupación de los que sean necesarios, pasando por la suspensión de todo tipo de actividades, eso sí, con derecho a indemnización. Indemnización inexistente para el caso de las prestaciones personales: los ciudadanos, sin excepción ni recompensa, deberán cumplir las órdenes e instrucciones del gobierno. 

Legado del gobierno de Mariano Rajoy

Y lo curioso del caso es que la idea no es nueva. Vayamos atrás en el tiempo para entenderlo. La Ley de Seguridad Nacional se aprobaba en 2015 por el gobierno de Rajoy, tras varios años de demora. Esta ley se había previsto con la Creación del Consejo de Seguridad Nacional, y resultó bastante polémica en los comienzos. Y es que el mismo titular que sacaban tantos medios este fin de semana, lo daba el diario El País el 16 de enero de 2015: «Rajoy podrá movilizar bienes privados en caso de crisis».

Rajoy ya se animó con ello, pero dejó la redacción de ese precepto abierta al futuro desarrollo legislativo. Así, llegó la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional: esa que ahora el Gobierno pretende reformar. Una ley que allanó el terreno a los socialistas, con el enunciado del artículo 29“El Gobierno aprobará mediante real decreto la Declaración de Recursos que se podrán emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en esta ley. Dicho real decreto incluirá la relación de medios humanos y materiales, tanto públicos como privados, que procedan”.

La incautación ya estaba en nuestro ordenamiento

Con lo que la incautación ya estaba en nuestro ordenamiento. Ahora solo queda que los de Sánchez la desarrollen un poco más, y se aprovechen de ello. 

Y aquí el problema: la reforma de la ley amenaza, una vez más, derechos fundamentales. Y lo hace además siendo una Ley ordinaria, y no orgánica. Algo que podría plantear serios problemas jurídicos pues solo las leyes orgánicas pueden afectar a derechos fundamentales.

Plenos poderes a Sánchez e Iván Redondo

La avaricia ha roto el saco: el saco de legalidad y soberanía nacional. Es la avaricia de Pedro Sánchez y su imprescindible Iván Redondo, que codician más y más poder, tras la vacatio que han sufrido con el fin del Estado de Alarma.

Y es que hoy gracias a el diario El Mundo hemos podido conocer novedades de esta reforma. El presidente del Gobierno se reserva plenos poderes para situaciones de emergencia, plenos poderes que compartirá con su Gabinete. Y con nadie más.

Ante amenazas a la seguridad del país, es el Consejo de Seguridad Nacional el que adopta las medidas pertinentes, pero en el nuevo texto ni siquiera esto es un trámite perceptivo, necesario o previo a la declaración de emergencia. Y es que esta nueva ley prescinde, para los casos de crisis, del Consejo de Seguridad Nacional, del Congreso, y da flexibilidad al Gobierno para manejarlo todo mediante Real Decreto, “si existen razones de urgencia o de oportunidad que lo exijan”, reza el borrador. O en otras palabras, la potestad para disponer de administraciones, personas físicas y jurídicas, bienes públicos y privados, en estos supuestos de interés nacional, la tendrá exclusivamente el Gobierno, si así lo desea. Con dicha crisis el gobierno funcionaría a golpe de decretazos sin escrúpulos, con la amenaza que ello conlleva para los derechos fundamentales o libertades públicas. 

Porque además, aunque el ámbito que da nombre a la ley es el de seguridad, los poderes del Ejecutivo se ampliarían a mil matices de esta: ciberseguridad, seguridad económica y financiera, marítima, del espacio aéreo y ultraterrestre, seguridad energética, sanitaria o del medio ambiente…

Control de medios y ausencia de transparencia

Y ante la seguridad, inseguridad de todos, porque no habrá transparencia con esta nueva ley en caso de crisis: el nuevo texto legal permite suspender la ley de transparencia para la documentación que se maneje, además de controlar los medios de comunicación y la difusión de informaciones. 

Habrá que ver donde terminan nuestros derechos…