Red clientelar de interinos

Sánchez crea 300.000 funcionarios más, sin oposición, por la puerta de atrás

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Nuevo capote parlamentario de ERC a Pedro Sánchez a cambio de renovadas concesiones a los independentistas catalanes.

El Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público gracias al acuerdo de última hora entre el Ministerio de Hacienda y ERC, que prioriza en el acceso a las plazas fijas a los interinos de la Administración.

Teóricamente, la figura del interino está creada para la cobertura temporal de un puesto de trabajo de funcionario público que se encuentra vacante. La interinidad debería ser temporal, y la plaza así ocupada debería ser cubierta en el plazo de dos años por un funcionario de carrera (por oposición). Sin embargo, la practica e la Administración es que los interinos se eternicen en sus puestos y rara es la ocasión en que se cumple le ley.

Ayer Pedro Sánchez, rompiendo la estructura del empleo público en España, ha colado literalmente por la puerta de atrás a 300.000 interinos, que serán funcionarios públicos sin necesidad de haber aprobado una oposición. Un agravio para los que sí lo hicieron, además de una vía para convertir a los empleados públicos en personal clientelar. Todo a costa del bolsillo del contribuyente.

En virtud del acuerdo, los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición. Montero ha explicado que se les aplicará la excepcionalidad prevista en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que permite la selección de funcionarios de carrera únicamente con un concurso de valoración de méritos. Quien hizo la ley, hizo la trampa.

El decreto ley contempla que las plazas, unas 300.000 estructurales, deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable, todo antes de las próximas elecciones generales para garantizarse el respaldo de los beneficiados.

También establece que los interinos o el personal laboral temporal que no logre una plaza tendrá derecho a una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades, y que podrá ser incluidos en bolsas de empleo específicas.

Asimismo, fija que el incumplimiento máximo de permanencia de tres años como interino dará lugar a una compensación económica de 20 días, hasta un máximo de doce mensualidades.

Votación ajustada

Aunque la votación del decreto ha sido ajustada, con un solo voto de diferencia entre el sí y el no, la decisión de los republicanos catalanes de votar a favor ha permitido sacar adelante una norma que ha generado mucha oposición entre algunos socios de Gobierno.

Entre ellos Bildu, que ha votado en contra (igual que JuntsxCat, PdeCat, Ciudadanos, Vox y PP) porque no se ha escuchado ni a los sindicatos vascos ni a los grupos parlamentarios. La negociación «in extremis» ha servido también para que el PNV se abstenga, mientras que Ciudadanosha votado en contra de una norma que considera un parche. La diputada de ERC Pilar Vallugera ha explicado que quienes han sufrido el fraude laboral no pueden tener los mismos derechos que quienes acceden de nuevas a la función pública.

El PP ha criticado el decreto por «abusivo» y se ha preguntado «quién va a pagar» las indemnizaciones a los interinos que se queden sin trabajo, a tiempo que ha recordado que el PP llevó a la Cámara Baja sus procesos de estabilización en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y de 2018. Desde Vox han avisado de que actuarán contra un decreto «que tiene todos los visos de ser inconstitucional».

El sindicato CSIF, unos de los sindicatos firmantes del acuerdo del que emanó la norma, ha valorado la convalidación, pero ha pedido a los grupos parlamentarios que garanticen la seguridad jurídica de la ley para que los procesos de estabilización «no sean tumbados por los tribunales».