Sánchez oculta a sus socios separatistas la prohibición de referéndum del Consejo de Europa

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Según ha informado el digital Vozpopuli,  Borrell ha obtenido una de sus victorias internacionales más relevantes contra el independentismo catalán.

El Consejo de Europa ha deslegitimado definitivamente la estrategia de los  separatistas de convocar un referéndum de independencia, señalando taxativamente que  la Constitución o una Ley nacional que cumpla la Constitución es el único marco legal para amparar un referéndum. En consecuencia, el Consejo de Europa ha respaldado la tesis, sostenida desde el principio por España, de que un referéndum contrario a la Constitución o sin cobertura constitucional no puede ser convocado por contravenir el orden democrático del país.

La Comisión de Venecia (que es el órgano  encargado de asistir y aconsejar a los países miembros del Consejo de Europa en asuntos constitucionales para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas) ha aprobado esta nueva Guía para la Celebración de Referéndums, que sustituye al Código de Buenas Prácticas sobre Referéndums del 2006. Dicha guía es la única que se considera acorde a los principios democráticos y valores de Europa y, por lo tanto, un marco de actuación ineludible para todos los países miembros.

En el texto hay numerosas alusiones a los sucesos de octubre del 2017 en Cataluña. En la introducción, se recuerda que en algunos de los controvertidos referéndums  (referencia velada al 1-O) se vulneró la legalidad.

El artículo primero del nuevo reglamento afirma, en consecuencia, que cualquier referéndum “debe cumplir con el sistema legal en su conjunto”. “No se pueden celebrar referéndums sin la Constitución o un estatuto o ley que cumpla la Constitución”. La Comisión entiende que la Carta Magna es precisamente el garante de los derechos y libertades del conjunto de una sociedad.

Es una derrota muy importante para los independentistas catalanes y vasos, a los que Pedro Sánchez habría ocultado las gestiones del estado español para que el Consejo de Europa emitiera dicha resolución.  Con la Constitución de 1978 es, pues, inviable, que se celebre un referéndum en Cataluña, y el Consejo de Europa nunca lo reconocería.  Solo una reforma constitucional (que exige la disolución de las Cámaras)  y la elaboración de una ley ad hoc del Parlamento español, permitiría la celebración de ese referéndum.  Se terminó, pues, el argumentario pretendidamente democrático de los separatistas, que incluso llegaron a invocar en su momento los criterios de la Comisión de Venecia y llegaron a apelar al Consejo de Europa.

La Constitución garantiza que son todos los españoles los que deben participar en una consulta de esa naturaleza, porque la soberanía nacional reside en el pueblo español y no solo en un parte del mismo. La modificación introducida por el Consejo de Europa obliga a España a reformar la Constitución para celebrar un referéndum de autodeterminación en cualquiera de las comunidades autónomas. Como señala Vozpópuli, “la guía en sí misma no es vinculante, pero las recomendaciones del Consejo de Europa son la base sobre la que se mide la calidad democrática de los países del continente”.

El Gobierno, sin embargo, ha ocultado cuidadosamente la información para no alterar a sus socios de gobierno; menos aún que la nueva posición del Consejo de Europa se debe en parte a las gestiones del entonces Ministro de exteriores de Pedro Sánchez, Josep Borrell.