Sánchez quiere controlar los procedimientos judiciales: quitará la instrucción a los jueces

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Sánchez pisa el acelerador para controlar todos los procedimientos judiciales.

Hasta la fecha, la instrucción previa a la apertura del juicio oral, es decir, la fase de investigación de la causa, donde se fijan hechos, se determinan imputados y eventuales delitos, se constituía, al menos legalmente, como una garantía procesal. El gobierno quiere terminar con esa garantía y tener la facultad de intervenir en esa fase previa al juicio, clave para decidir: si la causa debe archivarse, si el juicio debe tener lugar, respecto de qué hechos y con qué imputados. Tan importante se considera esa fase previa que hasta la fecha viene dirigida por un juez distinto del que más tarde, en su caso, dictará sentencia.

Por eso, hasta el momento, la dirección de la investigación la han realizado los jueces de instrucción, y la participación del fiscal -hoy la fiscalía está políticamente más sometida al gobierno que nunca y sigue estructurada bajo el principio de jerarquía- era una intervención de parte, junto a la acusación particular y a los imputados, y había cierta igualdad de armas entre las partes presentes en el proceso. Ahora el gobierno quiere que la instrucción la hagan los fiscales, es decir, los funcionarios jerarquizados a cuyo frente se encuentra Dolores Delgado, “éxito garantizado”. Y lo quiere hacer sin acometer la reforma que dicha medida requeriría: reforzar la independencia de los fiscales en su ejercicio y reformar el Estatuto Fiscal.

El Gobierno, que acaba de presentar a través de sus grupos parlamentarios la reforma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para controlar el órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, los nombramientos en los juzgados y tribunales, presentará ahora el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para arrebatar a a los jueces la instrucción y entregársela a los fiscales. De tal manera, los hombres de Dolores Delgado se harán con el control de todo lo que vaya a ir o no a juicio y de las condiciones en que lo haga. Es la guerra total por el control judicial, sin rubor alguno. El instructor fiscal tendrá la facultad de archivar unos casos y no otros, de imputar y desimputar a personas, de fijar e investigar unos hechos y no otros, etc.

“El juez ha de quedar apartado de cualquier función activa en la pugna que entre el Estado y el ciudadano tiene lugar en todas las fases de procedimiento criminal”, dice el Ministerio en un documento elaborado por la la Secretaría de Estado de Justicia.

Esta reforma legal también es uno de los objetivos que se marcó la actual Fiscal General del Estado, la ex-ministra de Justicia Dolores Delgado, el día que compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados  donde dijo:“El modelo de juez instructor está obsoleto”.

En la actualidad, por ejemplo, la Fiscalía tiene que solicitar del juez que ordene las diligencias de investigación,  ya sea una entrada y registro del domicilio o la intervención de las comunicaciones. El juez de instrucción puede aceptarlo o denegarlo, entender que están justificadas o no. Ahora serían los fiscales a las órdenes de Delgado  quienes tomarían la decisión y los jueces quedarían relegados a ejercer la tutela de los derechos de las partes.

Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación próxima al gobierno, advertía hace no mucho tiempo que para acometer esa reforma, previamente había que dotar a a Fiscalía de un nuevo Estatuto Fiscal. Recordaban que son un Cuerpo jerárquico y que el Fiscal General del Estado, propuesto por el Gobierno, puede dar órdenes a cualquier miembro del Ministerio Público. Veremos lo que dicen ahora.