Mesa del Congreso: portazo al CGPJ

Sigue el asalto al poder judicial: portazo a los informes del CGPJ y la Comisión de Venecia

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Los miembros de la colación del gobierno presentes en la  Mesa del Congreso han rechazado que el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia) informen sobre la reforma planteada por PSOE y Podemos para recortar las funciones del Consejo General del Poder Judicial y evitar que pueda llevar a cabo nombramientos mientras esté en funciones.

La petición había sido cursada en diciembre por el propio órgano de gobierno de los jueces  y ha sido respaldada por VOX y el  PP, y por la Comisión Europea a través de su Comisario de Justicia e Interior.

El escrito del Poder Judicial reclamaba «la necesidad de que se diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta y, en particular, las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia».

PSOE y Podemos han impuesto su rodillo parlamentario en la Mesa del Congreso para hacer «oídos sordos» a todas estas peticiones, mientras el PP y Vox se han opuesto frontalmente pidiendo que se escuchara a los jueces.

La coalición Sánchez-Iglesias ha buscado desde el principio de su reforma, que fue una reforma de urgencia y reactiva para evitar que un CGPJ no dominado por ellos pudiera realizar nombramientos judiciales (sobre todo en los tribunales que deciden causas sobre los aforados), impedir que el órgano de gobierno de los jueces informara sobre la misma. Para ello, plantearon el texto de la reforma como proposición de ley de sus grupos parlamentarios en el Congreso, ya que de haberlo planteado el Gobierno mediante proyecto de ley el informe del CGPJ habría sido preceptivo.

Dicha argucia parlamentaria del gobierno provocó la reacción del pleno del Poder Judicial y su decisión de instar al Congreso a que pidiera informes a los órganos nacionales y europeos afectados.

No solo la coalición de gobierno ha dado un portazo a la opinión del CGPJ y de la Comisión de Venecia, sino que ha acordado tramitar por vía de urgencia la reforma, que recorta los plazos de tramitación a la mitad.

El gobierno quiere impedir cuanto antes que el Consejo del Poder Judicial continúe nombrando jueces en lugares decisivos, como el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. o las Audiencias Provinciales.