Sanchez usó 4.800 veces en Ceuta la devolución inmediata de inmigrantes, que pretendió derogar

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En el día de ayer Pedro Sánchez tuvo que recurrir en más de 5.000 ocasiones -tantas como devoluciones en caliente- a la ley cuya derogación prometió y cuya inconstitucionalidad pretendió mediante el correspondiente recurso de inconstitucionalidad.

En el año 2017, Pedro Sánchez declaró con toda solemnidad desde la tribuna del Congreso de los Diputados que derogarían la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en cuanto llegaran al gobierno. No solo no la ha derogado sino que no ha parado de utilizarla desde entonces: con ocasión de la pandemia, de las revueltas en Cataluña, de las manifestaciones, y ahora de la invasión padecida por la ciudad de Ceuta.

El  Tribunal declaró la ley plenamente constitucional con ocasión del recurso de inconstitucionalidad planteado por toda la izquierda, con el PSOE al frente. El Pleno del Tribunal determinó, efectivamente, en noviembre del año pasado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015 -conocida como ‘Ley Mordaza’- es plenamente constitucional en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla.

El TC declaró plenamente constitucional el régimen especial para Ceuta y Melilla de rechazo en frontera de los extranjeros que intenten entrar ilegalmente, por considerar que se ajusta a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según esta doctrina, “el rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”, de modo que “la actuación material (será constitucional), sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera”.

“En todo caso, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables”, entre las que mencionaba los menores de edad, las embarazadas o las personas de edad avanzada.

La sentencia contó con los votos en contra de algún magistrado próximo al PSOE como Cándido Conde Pumpido.