Es la cantidad mínima en juego que ha estimado Vozpópuli , que abre hoy en portada con el castigo fiscal a Ferrovial, a partir de las cifras que ofrece la compañía en las cuentas anuales de la matriz.

Nadia Calviño ha señalado en Onda Cero que «vamos a analizar los argumentos de Ferrovial y habrá que ver si hay sustancia o no», en respuesta a la pregunta de qué está haciendo el Gobierno ante el anuncio de la salida y si el Ejecutivo está presionando a la empresa para que no se vaya. Calviño estaría aludiendo con su respuesta al catigo fiscal que impone Hacienda a los cambios de sede que considera que no tienen «motivo económico válido», concepto jurídico indeterminado que da un amplia margen de maniobra al gobierno.

Este castigo puede sumarse, según Vozpópuli, a dos facturas que arrastra la sociedad con Hacienda: unas provisiones de 184 millones por varias actas levantadas y pleitos y la devolución de cerca de 40 millones por el contencioso con la Comisión Europea por el fondo de comercio de Amey.

Los 130 millones derivan del peaje fiscal que cobra la AEAT si concluye que la operación no tiene motivo económico válido. La ley del impuesto de sociedades establece al efecto en su capítulo VII un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no implica coste fiscal para la empresa. Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen «cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal».

Ferrovial ha subrayado que la operación no tiene motivación fiscal, y lo cierto es que la matriz que se va tiene pérdidas en España y no paga Sociedades. Cuestión distinta es el ahorro que va a suponer escapar al gravamen del 5% sobre dividendos que impone el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%, la principal ventaja del movimiento.

Según Vozpópuli la penalización de Hacienda podría superar los 130 millones de euros. Este cálculo parte de una cifra conservadora que el Fisco suele intentar elevar, según fuentes conocedoras.

La Agencia Tributaria tiene cuatro años para comprobar si existen motivos económicos válidos en la salida.

Ferrovial tendría que sumar a esa cantidad la provisión de 184 millones que ya dotó en 2022 por las reclamaciones abiertas por Hacienda, que ha levantado actas sobre todo por las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del IVA de los ejercicios entre 2002 y 2017.

Se trata de un colchón que ha tenido que elevar en un 3,4% en el último año, según consta en las cuentas individuales de la compañía. Y equivale al beneficio declarado por Ferrovial en 2022, que ascendió a 185,7 millones. Sin esta provisión, que todavía puede variar al alza o la baja, el resultado se habría duplicado, tal y como informa el digital.

La dotación más elevada tiene que ver con las actas levantadas por las autoridades fiscales españolas sobre el pago de Sociedades del ejercicio 2006 y que asciende a 127 millones. Por este mismo tributo, la compañía ha dotado 31 millones sobre los ejercicios entre 2002 y 2005, y otros 17 millones por 2012, 2013 y 2014. La provisión relacionada con el IVA asciende a siete millones y se corresponde con los ejercicios entre 2003 y 2005.

Otro de los pleitos con Hacienda que afronta Ferrovial es el relativo a la amortización del fondo de comercio por las compras de Swissport y Amey en 2003 y 2005, respectivamente. La compañía afronta una factura fiscal de unos 40 millones en la disputa legal que mantiene contra la Unión Europea, que en 2014 consideró que se trataba de una ayuda de Estado. En concreto, la Comisión Europa ha rechazado las ayudas que reciben las empresas españolas que compran empresas extranjeras a través de sociedades interpuestas.

«Se han realizado ajustes en el gasto por 42 millones de ingreso, que corresponden a la reversión de riesgos fiscales relacionados con el fondo de comercio de Amey por considerar la Sociedad que existen argumentos jurídicos sólidos a favor de la posición procesal defendida», explica la constructora.