Tras tres años de «okupación»

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal del partido. EFE/Chema MoyaEl secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal del partido. EFE/Chema Moya
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Por Fulgencio Coll Bucher

Es posible que la sesión del Congreso del 29 de junio de 2021 haya sido la más lamentable desde su establecimiento por la Constitución. La promesa del Presidente del Gobierno de que no habría referéndum secesionista en Cataluña, obviedad constitucional, desató la sorna en sus socios parlamentarios separatistas que le recordaron que su cargo estaba en sus manos, a la vez que lo insultaban.

La situación que se deriva de lo escenificado en el Congreso es que el Gobierno de España ha vendido su alma al diablo y es rehén del separatismo. Desde la moción de censura de 2018, la aceleración de la descomposición del régimen constitucional es un hecho. La pregunta es: cual podría ser la actuación de un gobierno cuya investidura y vigencia dependen del apoyo independentista.

El marco en que se gestó este Gobierno es surrealista, primero porque partidos que se declaran abiertamente independentistas, que vulneran la ley abierta y continuamente, sigan siendo legales; segundo porque para llegar a un acuerdo de investidura era necesario que se alcanzasen pactos que, como mínimo, implicasen el desmantelamiento o neutralización de las instituciones constitucionales; tercero, habilitar un gobierno” denominado de coalición capaz de llevar a cabo las acciones necesarias para demoler el Estado.

Inicialmente, las declaraciones de Sánchez fueron de benefactor, ya que la moción regeneradora seria seguida de elecciones. Falso. A partir de ahí, las expresiones orales de D. Pablo Sánchez han carecido de validez, la ciudadanía sabe que es un ejercicio retórico, lo que apoya una gobernanza” mediática, políticamente correcta y, por lo tanto, inútil, falsa, discriminatoria y con la única finalidad de seguir en el no-Gobierno”. Así, los pactos con ETA no se anunciaron, se practicaron. El fin de la política de dispersión de presos no se hizo público, simplemente se practicó. Las explicaciones del siniestro personaje que ocupa la poltrona de Interior tratan de justificarlo al decir que ETA ya no existía. Este es otro mantra falso, ETA es el instrumento de violencia organizada del soberanismo vasco que, como tal, se emplea o no, dependiendo de su utilidad. Volverá a actuar si se considera necesario. Muestra de su existencia son los homenajes a sus prisioneros”.

Es ya normal el hecho que, en España, gran parte del estamento político está compuesto por personas poco solventes que, en un ejercicio de irresponsabilidad son capaces de aceptar cualquier cargo para los que son necesarios cualificación titulada, y constatada, de la que carecen y son conscientes de ello. Por ello, desde el Presidente hacia abajo se apuntan titulaciones fake o simplemente inexistentes. Los partidos políticos, que deberían ser la materialización de la expresión del derecho de asociación ciudadana son, de hecho, entes para-oficiales que aportan personal para gestionar el Estado bajo pago de su importe. El caso catalán es paradigmático, en un ejercicio de radicalización partidista se busca reeditar la relación PSOE-PSC en la España-Cataluña.

Tras tres años de la okupacion” del Gobierno, España está sumida en una profunda crisis, al ser aquel un juguete roto en manos de una minoría que es la que gobierna por defecto. El resultado es que la legalidad queda proscrita. El grupo de personas que, por cuota, ocupan el Gobierno y otros altos cargos de la administración, dan por sentado que la sociedad española es de chicle y boba, y lo que parecen obviar es que para arreglar el conflicto” están provocando otro mayor.

Es muy peligroso gobernar gestionando las apariencias. La realidad mediática, que es la que gestiona este Gobierno, es evanescente, pero no los efectos de su gestión, que van acumulando anomalías cuyos efectos son incontrolables, como la huida hacia adelante de los componentes del Gobierno. Sólo desde un sentido de impunidad es posible esta anarquía.

España necesita que se cumpla lo dispuesto en la Constitución y la Leyes, para lo que, judicial y administrativamente, se deben revertir las anomalías político-administrativas que se fabrican para mantener a un Gobierno rehén de sus apoyos, retrotrayéndolas a su estado constitucional y, a partir de ahí, modernizar el texto constitucional para adaptarlo a la era digital.

Es necesario transmitir el mensaje que en un Estado de Derecho todos están bajo el mandato legal y quien fabrique impunidades será retribuido penalmente por ello.

Fulgencio Coll Bucher