¿Vacunación obligatoria en Baleares?

La presidenta del Govern, Francina Armengol, firma el decreto de disolución del Parlament REMITIDA / HANDOUT por CAIBLa presidenta del Govern, Francina Armengol, firma el decreto de disolución del Parlament REMITIDA / HANDOUT por CAIB
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Atención a la nueva del totalitarismo socialista. No se trata de una noticia del Ejecutivo Sánchez. Esta vez, la protagonista es Francina Armengol.

Y es que el pasado martes, el Boletín Oficial del Estado, recogía entre sus disposiciones la primera ley que impone la vacunación obligatoria en España. Una ley que permitirá al ejecutivo balear el cierre de empresas o la confiscación en caso de pandemia.

Esta ley es la ley 16/2010, de Salud Pública de las Islas Baleares, a la que se ha añadido un nuevo artículo: el artículo 49 bis. Un artículo que versa sobre la adopción de medidas preventivas en situación de pandemia, es decir, aplicable en la actualidad. 

Confiscación, cierre de empresas o intervención de medios materiales y personales

¿Y cuáles son algunas de estas nuevas medidas previstas?

Pues bien, entre ellas encontramos, por ejemplo, la confiscación o inmovilización de productos, la suspensión del ejercicio de actividades, el cierre de empresas o de sus instalaciones e incluso la intervención de medios materiales y personales. Ni siquiera será el gobierno nacional el que goce de esa potestad, sino que se le cede al ejecutivo autonómico la capacidad para restringir derechos fundamentales. 

Y mucho cuidado con esta nueva norma, porque esto no es todo ni mucho menos.

De hecho, será el propio gobierno de Baleares el que pueda jugar las cartas que Sánchez querría barajar: y es que se podrá, incluso, ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales de acción u omisión

¿Vacunación obligatoria…?

No suficiente con ello, la norma añade otras medidas para contención de la enfermedad, más específicas y de manera complementaria a las anteriores.

Y es que el texto legislativo reza: “Para controlar las enfermedades transmisibles [las autoridades] pueden adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que estén o hayan estado en contacto con estas y del ambiente inmediato, así como las que se estimen necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”

Esto último resulta bastante peligroso, pues deja abierta la puerta a futuras consideraciones de la autoridad competente en cuestión, que en este caso, es el gobierno de Armengol. Esto es, que si el Partido Socialista de las Islas lo cree oportuno, podrá aplicar a cualquier ciudadano tales medidas, entre las que se recoge la vacunación. 

Y es que dice el apartado tercero de la ley en su letra e) que se podrá adoptar “el sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación”.

Sí, quizás fue ilegal el decreto de Estado de alarma, que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Pero esta misma semana, el BOE recoge otra de tantas normas inconstitucionales de la izquierda radical.

A dónde iremos a parar…