Víctimas de Anticorrupción III, por Xavier Horcajo

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Los españoles sacaron al PP de Moncloa por atribuir a ETA, los atentados del 11-M.  Llegó al poder un tal Rodríguez Zapatero, dispuesto a echar atrás las reformas de Aznar y a imponer una agenda socialista-radical. Su primer ministro de Justicia fue el  grancanario, Juan Fernando López Aguilar –allá por 2004- que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y asentó leyes de Igualdad o contra la Violencia de Género. 

Zp y López Aguilar tenían pactado que éste sería candidato a Presidente de Canarias, en las futuras elecciones del 2007. Desde el ministerio de Justicia, López Aguilar sabía que el PP estaba en retroceso en la Península, pero en Canarias estaba muy fuerte y preparó el terreno destapando casos de corrupción que el elector reprochara.

El uno de marzo de 2006 algo pasó en Telde, la segunda ciudad de Gran Canaria. Sus cien mil habitantes se asustaron -a primera hora de la mañana- con los rotores de un helicóptero policial sobre sus tejados. Aquello coincidió con un despliegue policial de película. Al poco, un motón de ediles populares eran  detenidos, esposados y cazados de forma humillante. Bien a la vista, no solo de sus vecinos, porque gracias a las cámaras fue un show en  todo Canarias. Uno de ellos, José Luís Sánchez, asesor y cargo de confianza de Torres, fue detenido delante de su hija, cuando la llevaba al colegio. Acababa de ser nombrado presidente del PP en la Isla; y era caza mayor. Además de políticos, arquitectos, funcionarios y empresarios (trabajaban para Dragados, Cobra o Mazzoti), también fueron detenidos en diversas oleadas durante el 2006 Aquel “caso Faycán”  que empezó por denuncia de presunto trato de favor urbanístico; acabó planteando presuntos sobornos que financiaban al PP canario. López Aguilar lo calificó de “pequeño Gürtel” y como el mayor caso de corrupción política en Canarias (lo dijo en enero de 2018). 

¿Pero lo fue? o ¿Anticorrupción magnificó el asunto?

El caso de Toñi Torres

Una de las primeras detenidas fue la maestra de “mates” en la EGB, Maria Antonia “Toñi” Torres, concejal de Obras de Telde y ex diputada autonómica. Su marido, interventor del Ayuntamiento y sus hijos Alejandro, José y Maria Eugenia, también fueron detenidos meses después, como presuntos beneficiarios de los cohechos atribuidos a “la jefa”, como la bautizó la prensa canaria  de izquierdas. Esta mujer pasó 62 días en la prisión de Barranco Seco, hasta que salió en libertad bajo de fianza de 100.000 euros. Nunca abrió la boca, se lo llevó todo con ella. Ni siquiera cuando recibió algunas visitas en prisión que le prometían su libertad, a cambio de involucrar a tal o cual líder del PP canario. 

La concejal no pudo aguantar la presión a la que se vio expuesta. La tarde del 25 de marzo de 2010, Toñi se precipitó por el balcón del sexto piso de su domicilio en Las Palmas. Su cuerpo se estrelló en la acera de la calle Galicia, esquina Mera y López. Ella puso el punto y final. Ya lo había intentado antes, en mayo de 2008, ingiriendo medicamentos. A nadie le importó. Ni siquiera se cumplió con ella el protocolo de visita y evaluación por psiquiatra. El Servicio Canario de Salud fue condenado a pagar 75.000 euros por no darle la asistencia adecuada.

El «caso Faycán»

El “caso Faycán” -conducido por el fiscal anticorrupción, Luis del Rio Montesdeoca– llegó a tener 100 detenidos, más de 50 imputados (10 del PP) y peticiones de pena de 132 años de cárcel. Se les imputaban delitos como: apropiación indebida, falsedad, fraude, maquinación para alterar el precio de las cosas, tráfico de influencias, cohecho a los funcionarios, etc. La cacería policial, fiscal y periodística no dio tregua. No cambió las cosas que el principal perjudicado –el Ayuntamiento de Telde- no ejerciera nunca ese papel en la causa. 

Llegaron las elecciones, el  27 de mayo 2007, y López Aguilar fue la lista más votada, mientras el PP dio un bajón. Pero no fue suficiente, López Aguilar se quedó a un paso de ser Presidente de Canarias, pero no lo consiguió, aunque nunca perdió el monitoreo  del caso.  Poco después se fue de eurodiputado a Bruselas (en 2009).

Con el tiempo, y la llegada de Rajoy a Moncloa (2008), el supuesto escandalazo sin parangón se desinflaba. Algunos imputados salían de la cárcel con fianzas no muy elevadas; el Interventor fue repuesto a su cargo por decisión judicial. Los imputados bajaron a 28. Aquello se había magnificado con interés político.

Doce años de banquillo después, se convocó el juicio.

Anticorrupción llegaba a ese punto con la “jefa” suicidada; y veinte conformidades (reconocimientos de culpa a cambio de penas irrelevantes que no eluden la entrada en prisión). Fiscalía rebajó la petición de penas a 32 años,  donde antes pedía un siglo y cuarto. Pero para cantar victoria, tenían otro problema: los díscolos que no se intimidaron. Los que defendían su inocencia  y quisieron ser juzgados.

La Audiencia Provincial de Las Palmas resolvió, el 30 de julio de 2018, sobre los siete acusados que se sentaban en el banquillo; eran los que no negociaron con la Fiscalía. El Tribunal absolvió al ex alcalde del PP, Paco Valido, y al resto, entre los cuales figuraba la teniente de alcalde y presidenta local del PP, Ma. Carmen Castellanos (a la que pedían 5 años). La responsabilidad civil subsidiaria fijada para el PP -que era millonaria- acabó en 740 euros, por los que acordaron culpabilidad con los fiscales al mando de Luis del Rio, mano ejecutora de la “caza de brujas” de Telde y actual Fiscal Superior de Canarias.

Hubo otras noticias, como el conocimiento de grabaciones ilícitas o el apartamiento del primer investigador policial del caso. El “todo vale” de los investigadores consta en las tripas de otro sumario por corrupción, el “caso Europa”. En sus declaraciones ante el juez, Francisco Gordillo, segundo de Toñi Torres, afirmó haber recibido una oferta policial para salvar a su familia,  si involucraba en Faycán al ex ministro del PP y también grancanario, José Manuel Soria.