Stampa, eppur si muove

Víctimas de los fiscales II, por Xavier Horcajo

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La Inspección Fiscal investigó las actuaciones de Ignacio Stampa  y Miguel Serrano fiscales del caso Tándem, sobre las andanzas el ex comisario Villarejo, por supuestas filtraciones  de los fiscales en un caso secreto e incluso antes de la apertura de la investigación del juez Manuel García-Castellón a propósito del supuesto robo del móvil a una de las colaboradoras más estrechas del líder de Podemos, Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Los fiscales colaboraron con la acusación de Podemos, orientaron las diligencias que pedían los abogados de Podemos, con Marta Flor al frente. Esta abogada  presumía dentro de la formación morada de su “relación” con Stampa.

Los fiscales adscritos mantuvieron reuniones con los abogados de Podemos para concertar con ellos. Stampa y Serrano les recomendaban estrategias para lograr el avance de sus propuestas. Ejemplo, hacer que le entraran «por los ojos» al instructor y  que se difundieran «fortuitamente» a los medios de comunicación. Entre los mensajes de los abogados se alardea de que los fiscales les sugerían retoques a sus escritos  para colar al juez «con mantequilla» sus tesis. Los letrados podemitas pedían a los fiscales que fueran suaves con Baltasar Garzón. Todo de sobra conocido. Todo este episodio le costó a Stampa ser apartado de la Fiscalía de élite. Pero sus anteriores 12 años en Canarias, dejaron suficientes páginas de sombra.

Cuando un escrito de acusación de Fiscalía pide quince años de prisión para un promotor; inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años y la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (2 de diciembre de 2020) absuelve a todos los acusados de todos y cada uno de los presuntos delitos: continuado de falsedad documental, usurpación de bien inmueble, delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, contra el medio ambiente y también los delitos de tráfico de influencias, hurto y estafa continuada, esa Fiscalía tiene un problema de dimensiones equivalente al Desastre de Annual. Esta sentencia sobre el caso Stratvs, de 86 folios, deja en improbable que el Supremo decida corregirla.

El caso Stratvs fue el que impulsó a Ignacio Stampa profesionalmente, según afirma el propio fiscal. Se trataba de los supuestos daños urbanísticos de la bodega Stratvs, en un barranco protegido de La Geria (Lanzarote) producidos por el promotor Juan Francisco Rosa. Once imputados absueltos, en una sentencia feroz… con la Fiscalía. Algunas frases de la sentencia son para esculpirlas en piedra. Por ejemplo:  “la acusación de delito de fraude es a todas luces carente de fundamento”. 

El fiscal Stampa tiene pretensiones de docente universitario, colabora en diferentes máster y es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Repasando esos méritos me topé con la grabación de un vídeo de su intervención suya en un curso de la Universidad de Salamanca, el 23 de enero de 2019. En ese Curso de Especialización, Ignacio Stampa demuestra dos cosas; la primera que su parentesco con Stampa Braun, no le ha dotado del verbo brillante que acreditaba el fallecido catedrático. Vamos, que el fiscal Stampa Fuente; no es Demóstenes. Ni quiere serlo. De otro modo, no utilizaría citas vulgares o absurdas como: “El cerebro no asimila lo que el culo no aguanta” ; “No hay máquina humana que aguante (…)” o “No me acuerdo ahora de la palabra (…)”. 

La segunda demostración es que no tiene inconveniente en exponer públicamente sus conclusiones, trabajos y descalificaciones sobre acusados de un caso pendiente de juicio. Se trata, precisamente, del caso Stratvs.

Stampa Fuente admitió en la conferencia  que ese caso -en el que trabajó como fiscal contra delitos de medio ambiente- “en vez de matarme, me engordó y me llevaron a Madrid”; para acabar, sacando pecho: “Pero hasta que no acabé, no me marché” (*), decía proponiéndose -sin rubor- como paladín de la lucha contra el delito.

El público -aspirantes a juristas- quizá no advirtiera la improcedencia de explayarse sobre un caso pendiente de juicio en esos términos. Sin embargo, seguro que casi todos quedaron impactados durante su introducción a su trabajo como fiscal en Canarias: “Lanzarote es una isla, que está en las Islas Canarias (…) De allí salió en 2016, destinado como “adscrito”, en comisión de servicios, a la Fiscalía Anticorrupción: la élite. No fue fácil. Lo consiguió al tercer intento.

Pero doce años en Canarias, dieron para mucho más. En el caso Unión, el principal condenado por corrupción, Dimas Martín. Uno de sus hijos, mantiene un medio de comunicación informaba de la detención de que su hermana. La llamó, incrédulo. Ella, se lo negó, le dijo que estaba paseando y se quedó más tranquilo. Minutos después, la detuvieron. Irrelevante penalmente, pero deja en evidencia a los fiscales y a la UCO, que eran los únicos conocedores, con el titular del juzgado, de la orden de detención filtrada a la prensa.

La instrucción del caso Unión  fue responsabilidad del Juzgado de Primera Instancia, 5 de Arrecife, cuyo titular era César Romero Pamparacuatro. Su sustituta, María Lucia Barrancos, remitió un informe al Tribunal Superior de Justicia de Canarias un informe -fecha 29 de noviembre de 2011- en el que expresaba su “total disconformidad con la manera en que se han venido instruyendo” las diligencias. El “Informe Barrancos” llevó a que el fiscal Stampa cesara en el caso, en favor de un sustituto.Otro sí, andaba la fiscalía de Lanzarote tras unos contratos del Ayuntamiento de Arrecife. En sus trabajos apareció una sociedad: ENAC, Ingenieros Consultores, S.L. Era propiedad de dos ingenieros, al 50%, y ambos administradores solidarios de la firma. Uno resultó imputado y juzgado, el otro no. Se perdió en la neblina. El afortunado resultó ser hermano de una bella abogada, Mercedes Nieto, que era pareja de Stampa y luego se convirtió en su esposa, según fuentes conejeras.