Vox urge a aplicar el 155 en Cataluña por desacato a la sentencia del TSJ del 25 %

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Vox registra este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que urge la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, después de que el Govern haya decidido desafiar el contenido de la sentencia que obliga a respetar el 25 % de materias en castellano en los colegios catalanes.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado en las redes que hay que aplicar el 155 hasta que no pare la «persecución» del español en las aulas catalanas y hasta que los dirigentes de Cataluña «no cejen en su constante rebeldía».

«La tibieza de unos y la vileza de otros nos ha llevado hasta aquí», ha recalcado Abascal, que ha pedido que «quien no esté dispuesto a aplicarlo, que se eche a un lado».

Vox responde de este modo al decreto ley aprobado ayer por el Ejecutivo de Pere Aragonès para asumir la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y concertados catalanes y eximir así a los directores de los colegios del desacato frente a la sentencia del TSJ de Cataluña sobre el 25 % dela enseñanza vehicular en castellano.

Para la formación, se trata del «enésimo desafío» del Gobierno catalán al Estado de Derecho al impedir que los directores de centros educativo apliquen el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En el mismo sentido se ha pronunciado Ciudadanos, cuyo portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho que apoyarán todas las medidas establecidas en la Constitución y en la legislación para proteger los derechos de las familias catalanas y eso incluye la aplicación del artículo 155, aunque ve difícil que pudiera prosperar ya que se requiere de mayoría absoluta para ponerlo en marcha.

Se trata de un mecanismo para activar en casos excepcionales como el que cree que existe ahora en Cataluña cuando el Parlament ha aprobado una norma con rango de ley que supone «un desacato» a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por tanto, ese «desacato» justifica, en opinión de Bal, la aplicación del 155 para sustituir las autoridades educativas catalanas y proteger el derecho que tienen las familias para educar a sus hijos al menos en un 25 % en castellano porque pasarán años antes de que se resuelva el recurso que han interpuesto los afectados.