Desacato al TSJ

Vox y PP llevarán al Tribunal Constituconal el decreto del Govern del catalán

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Vox y el PP llevarán al Tribunal Constitucional (TC) el decreto que ha aprobado el Govern para blindar el catalán en la escuela, tal como han anunciado en sendas ruedas de prensa el portavoz de Vox, Juan Garriga, y la diputada del PPC Lorena Roldán.

El Govern aprobó ayer un decreto ley para blindar a los directores de los colegios frente al desacato de la sentencia de Cataluña del TSJ del 25 % de castellano y traspasar la responsabilidad que pueda derivarse de los proyectos lingüísticos al Departamento de Educación.

Vox, además, se querellará por desobediencia contra los miembros del ejecutivo catalán que consideren «responsables» de este hecho, además de solicitar en el Congreso de los Diputados la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana.

A diferencia de lo que hicieron con la ley sobre la lengua, Vox no llevará el decreto al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) porque consideran que es un órgano que «no sirve para nada», si bien Garriga ha justificado la decisión por el hecho de que permitió «poner trabas» a su validación.

Vox recurrirá ante el Tribunal Constitucional cuando el Parlament convalide este decreto ley porque no reconoce el español como lengua vehicular y establece la «primacía» del catalán sobre el español.

El PP, según ha explicado Roldán, esperará a que sigan los trámites parlamentarios antes de acudir al alto tribunal.

Preguntada por si se querellarán contra el Govern, Roldán ha respondido que es el Gobierno de España quien debería garantizar que se cumplan los derechos, aunque han dicho que pondrán en conocimiento de Fiscalía la «actitud» del conseller de Educación, Josep González-Cambray, «para que se tomen las medidas oportunas».

Este mediodía, Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para solicitar la intervención de la autonomía en Cataluña «para garantizar los derechos de todos los catalanes» ante lo que consideran «un acto de rebeldía de la Generalitat» con la sentencia del 25 % de castellano.