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TRIBUNA

Desequilibrio presupuestario e irrealidad normalizada

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Como era de esperar, el nuevo gobierno está cumpliendo con creces con las expectativas depositadas en él en materia económica. En poco menos de un mes, el nuevo gobierno sociopopulista está llevando al Estado hacia la intensificación del desequilibrio presupuestario, lo cual, tarde o temprano, tendrá graves consecuencias. El gobierno responde a la lógica política y ésta, en el Régimen del 78, casi nunca se corresponde, aunque sea por casualidad, con la lógica de la prudencia económica y financiera. 

El nuevo gobierno, sin unos presupuestos generales nuevos aprobados por el Poder Legislativo, ha decretado varias medidas económicas de no poco calibre. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es claramente una medida propagandística cuyo coste, obviamente, se externaliza sobre todo a las pymes, que son las que constituyen la mayor parte del tejido productivo español y experimentan diariamente innumerables obstáculos administrativos y fiscales que les impiden ser más productivas y competitivas. Es posible que muy pocas cierren por este incremento de salario mínimo, pero a buen seguro que para muchas esta medida decretada por el gobierno desincentivará nuevas contrataciones y reforzará a la economía sumergida, como ya se ha constatado en 2019 con la anterior subida, que supuso el 22% del SMI. Se desvincula otra vez dicho salario de referencia de su productividad y lo que aún es peor, dificulta la futura empleabilidad de jóvenes, extranjeros y trabajadores menos cualificados, como ya se ha demostrado en el último año, con la ralentización de las contrataciones que potencialmente se podrían haber efectuado de acuerdo con el crecimiento económico experimentado por nuestra economía. 

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La clave no es incrementar el salario mínimo o derogar la reforma laboral. Ambas medidas sólo van a encarecer la contratación laboral en un país con el 13,7% de desempleo general y un desempleo juvenil que alcanza la tremenda cifra del 30%. La clave debería ser incentivar el emprendimiento y la inversión, reindustrializando la economía. Sólo un sector secundario fuerte y sólido permite crear trabajo duradero, de calidad y que genere valor añadido. Con una economía de servicios, “terciarizada” al gusto de la UE, sólo es posible crecer de forma débil, e inestable, precarizando empleo, aunque se ponga un suelo en el salario mínimo, como se ha visto con la virtual recuperación económica en España, pero tal medida, junto con la anunciada derogación parcial de la reforma laboral, no fomentará la creación de empleo. Algunos pocos podrán beneficiarse mientras mantengan esos empleos precarios fácilmente destruibles en el sector servicios, en un contexto de recesión, mientras que muchos colectivos pierden mucha empleabilidad al encarecer el Estado su contratación laboral. 

Por otra parte, la subida de las pensiones del 0,9% es una subida simbólica, pero que compromete aún más el futuro de los jóvenes a cambio del bienestar de los mayores, haciendo todavía más insostenible la caja actual de la Seguridad Social que se encuentra en una situación deficitaria gravísima. Esta medida es otra huida hacia delante del impresionante problema que afronta España a nivel demográfico, y que sin duda es el mayor reto actual, de muy compleja solución, a la que ya llegamos muy tarde. Esta medida poco ayuda a resolver algo. Finalmente, la subida de los salarios de los funcionarios del 2%, tampoco se corresponde con su productividad real.

Las tres medidas son discutibles e inoportunas, teniendo en cuenta el cuadro macroeconómico de España y su vulnerabilidad social y financiera actual (rozando el 100% de deuda pública sobre PIB), pero se pueden hacer y se han hecho, porque a nivel político son rentables y su coste se “socializa” directa o indirectamente a terceros, que son los grupos sociales que no saben ni pueden hacer presión política efectiva, que es la mayor parte de la depauperada clase media española. En efecto, la clase media es la que contribuye fiscalmente con el mayor peso al sostenimiento del Régimen del 78, sobre todo los asalariados -traicionados sistemáticamente por los sindicatos de clase- y los autónomos y pequeños comerciantes, artesanos y profesionales del agro. 

Esta dinámica de gasto público irresponsable no sorprende viniendo de quien viene, pues no cabe esperar cosa diferente de un gobierno sustentado por partidos políticos cuya ideología se basa en idealismos y voluntarismos ajenos históricamente a la realidad fáctica y empírica, y contrarios frontalmente al principio de la responsabilidad y autonomía personal. Manejan un concepto de redistribución falsario, basado en una incapacidad de considerar y proteger las fuentes de riqueza que presuponen, precisamente, la posterior redistribución. Las tres medidas recién adoptadas por el gobierno a golpe de decreto han podido implementarse porque aún sopla un débil viento de cola, con una política monetaria expansiva que facilita el endeudamiento público y un precio bajo de los hidrocarburos, junto con el motor del turismo y la construcción, aunque ambos ya dan signos de agotamiento. Con dichas medidas de gasto, el nuevo gobierno trata así de ganarse rápidamente la complicidad y connivencia de los jubilados y funcionarios, con los que sostenerse socialmente en el poder, supliendo a posteriori la legitimidad de la que careció en la investidura, yendo de la mano de las oligarquías nacionalistas y separatistas vascas y catalanas, a las que tendrá que devolver los favores prestados y su blanqueamiento político, acrecentando y blindado sus privilegios fiscales y administrativos que consagran la desigualdad entre los ciudadanos españoles y la liquidación definitiva del principio de equidad y solidaridad social e interterritorial.

Las medidas económicas del nuevo gobierno han sido debidamente publicitadas, dócil y acríticamente, por los grandes mass media del Régimen del 78, grupos y consorcios mediáticos que sobreviven en el abrevadero de la publicidad institucional que les brinda el Estado. Parecen que dichas políticas de gasto público son “gratis” y que los derechos sociales no tienen coste. Lo que ocurre es que la mayoría de la sociedad española, adocenada por esos grandes mass media, no suele ver las contrapartidas de las medidas, ni su contextualización. Los beneficiarios de estos gastos y prestaciones sociales, como tantas veces se ha visto en los últimos lustros en España, carecen de elementos objetivos para valorar las implicaciones reales de tales medidas en el medio-largo plazo. 

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El gobierno ha basado sus tres medidas en una estimación de crecimiento del PIB irreal que contiene una previsión de ingresos tributarios exagerados. Al mismo tiempo, el gobierno basa sus decisiones en una elevación de la previsión del déficit, en contra de los criterios de la Unión Europea. Está por ver, además, cómo reaccionará la Comisión Europea ante estas medidas y su compatibilidad o no con los objetivos de estabilidad presupuestaria, que desde este año ya es un mandato constitucional (art. 135 de la Constitución). Pero lo más grave no es eso. Lo más grave que está sucediendo es que la sociedad española asume y normaliza la irrealidad de la política económica del nuevo gobierno. Mientras tanto, el desequilibrio presupuestario de este gobierno a quien más interesa es a los fondos especulativos que invierten en la deuda pública emitida por los Estados manirrotos como el nuestro. Los grandes especuladores financieros están de enhorabuena con este gobierno, pues la “zombificación financiera” del Régimen del 78 asegura cuantiosas y suculentas ganancias, hasta que un hipotético “default” sea un hecho y devuelva a la realidad al gobierno y a sus adláteres. Entonces, muchos, ingenuamente, se preguntarán cómo hemos llegado hasta allí. Algunos incluso se atreverán, en su proverbial estulticia, a maldecir y echar las culpas a quienes precisamente son los acreedores financieros de las fiestas que sus representantes les han organizado cuando todo parecía ir bien. El agudo desequilibrio presupuestario actual, antesala del crash de las finanzas públicas españolas en cuanto cambie ligeramente el contexto internacional, será el lógico resultado de la irrealidad normalizada y de la desinformación en la que está asentada la mayoría social.